Internos de El Valle van a La Milla, una residencia ilegal investigada por la Fiscalía

Según confirmó a este periódico la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la residencia -que no aparece en ningún sitio o web oficial- comenzó con su actividad en marzo y fue un concejal de Santa María de Guía el que advirtió al Ministerio Público de su apertura. Además, alertó que el Ayuntamiento no había otorgado la licencia de obras de esta casona antigua situada en la calle Pérez Galdós, pero no obstante los propietarios reformaron el inmueble sin autorización.

De forma paralela, la Fiscalía abrió unas diligencias preprocesales de investigación y constató el hecho de que, por una parte no contaban con los permisos pertinentes y por otra, de que tampoco pararon la actividad a pesar de que el Consistorio se los requirió. El organismo municipal puso los hechos en conocimiento de la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, la competente en materia de inspección y registro de las residencias de ancianos.

Fue la propia Rosa Rubio, fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en Canarias y decana de la Sección de lo Civil de Las Palmas la que requirió en varias ocasiones a la viceconsejera que les facilitara información del centro. La respuesta fue que los responsables de La Milla no habían presentado si quiera la declaración responsable que exige la ley y lo hicieron después de que recibieran una inspección de técnicos de la comunidad autónoma. En esa visita, detectaron que las instalaciones no cumplían los mínimos requisitos arquitectónicos y de cuidado de mayores.

Al estar ya al tanto el Ejecutivo de las anomalías detectadas, la fiscal archivó las diligencias de investigación hasta que, a los meses, Rubio volvió a tener conocimiento de que el centro de mayores seguía llevando a cabo su actividad sin subsanar las deficiencias. Por ese motivo requirió nuevamente información al respecto a la Viceconsejería sin recibir respuesta y, debido a ese silencio, acordó la reapertura de las diligencias y girar una visita e inspección de las instalaciones.

En octubre fueron dos fiscales a La Milla y al entrevistarse con la persona responsable, les reconoció que no tenían los permisos exigidos por ley.

Allí se encontraron con trece mayores internos, de los que habían dos que estaban ubicados en la planta superior de la casona, que no tenía ascensor ya que carecían de permiso. Incluso, la situación de una de esas residentes era grave porque estaba pendiente de que le colocaran una prótesis de cadera, por lo que no podía andar y menos, obviamente, subir o bajar escaleras. Además, el centro ilegal solo contaba con dos cuidadoras para las dos plantas y muchos de los internos eran grandes dependientes al sufrir enfermedades como Alzheimer o Parkinson.

Ese mismo día de la inspección, las fiscales giraron un nuevo oficio a la Consejería advirtiendo de la situación y preguntando sobre qué medidas iban a adoptar para que los gestores de La Milla no trajeran y alojaran a más residentes en la segunda planta, pero aún no han recibido una respuesta oficial al respecto. «Es muy preocupante que haya una residencia ilegal abierta y en esas condiciones, pero si encima siguen trayendo a más residentes como los de El Valle, la situación se agrava», manifestó a este medio Rosa Rubio.

De forma paralela, hoy se procederá al desalojo de los internos que quedan en la residencia El Valle para que el viernes se lleve a cabo su desahucio.

Hoy saldrán los dos últimos usuarios y la cerca de una veintena de empleados se quedarán sin sus respectivos empleos debido a la deuda de 774.766 euros que mantiene con la propiedad la empresa arrendataria administrada por José Manuel Arnáiz, quien según fuentes de la residencia, no ha aparecido ni se ha puesto en contacto con los empleados en las últimas semanas a pesar de la grave situación del centro.