José Juan Vega Hernández ha ingresado en prisión después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitiera a trámite un recurso de casación interpuesto por su defensa contra la sentencia que lo condenó a 14 años y dos días de cárcel por los abusos sexuales que cometió sobre dos sobrinas de la que era su pareja sentimental.
El Alto Tribunal no atendió a la solicitud de revisión formulada por la defensa contra el fallo dictado en enero de 2021 y que tuvo como ponente al magistrado de la Sección Primera, Pedro Joaquín Herrera Puentes. De esta forma, la sentencia adquirió firmeza y la Sala decretó el ingreso en prisión del condenado el pasado 20 de abril.
Además de la pena privativa de libertad, José Juan Vega Hernández tendrá que pagar 10.000 euros a una de las menores y 4.000 a la otra en concepto de indemnización por los daños morales causados. También debe de cumplir la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de ambas durante 14 y seis años, respectivamente. La Sala también le impuso una pena de libertad vigilada por tiempo de 13 años y la obligación de participar en un programa formativo de educación sexual dentro del centro penitenciario.
Los hechos condenados ocurrieron entre 2012 y 2014, cuando el hombre contaba con 40 o 41 años de edad -dato aproximado- y las niñas solo entre seis y ocho. En este contexto, Vega Hernández se dirigió a ellas en varias ocasiones y, valiéndose de su posición de «cuidador ocasional», así como de «su rol de tío» y «su contrastada autoridad», las sometió a tocamientos y obligó a participar con él en prácticas sexuales.
Todo ello recurriendo, además, a un «abuso de superioridad» que el condenado utilizó «para atacar conscientemente la indemnidad sexual de las menores», detalla el fallo.
El tío político de las ahora adolescentes llevó a cabo esos actos en una vivienda familiar situada en la zona del Barranquillo de Don Zoilo donde sus padres solían dejarlas junto a unos primos suyos cuando sus progenitores no se podían hacer cargo de ellos, en unas ocasiones, y en otras en la trastienda de un comercio que él mismo regentaba junto a su esposa en el barrio de Schamann.
La Audiencia Provincial precisó en su resolución que se pudo contrastar la veracidad de los hechos pese a que no se tuvo noticia de ellos hasta más de un año después de que tuvieran lugar, cuando, a finales de 2015, las víctimas del abusador se decidieron a contárselo a sus padres, que ya se habían separado.
La ruptura de sus progenitores derivó en que las niñas quedaron en situación de desamparo y acabaron siendo ingresadas en un centro de acogida por decisión de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Familia del Gobierno de Canarias, especifica el pronunciamiento judicial.
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