Un hombre de 89 años reconocerá que abusaba sexualmente de su hija tetrapléjica
La Fiscalía le pide inicialmente diez años de prisión por un delito de abuso sexual con penetración
Este martes a las 9.35 horas, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el juicio contra A.A.V.G., un hombre de 89 años acusado por el Ministerio Fiscal de haber abusado sexualmente de su hija, una mujer tetrapléjica nacida en 1970 con una discapacidad física del 98%, en el domicilio familiar ubicado en el municipio de Ingenio (Gran Canaria).
En la vista oral, en la que el acusado se enfrenta a una petición de pena de 10 años de prisión, está previsto que el mismo reconozca los hechos, admita su culpabilidad y se llegue a un acuerdo de conformidad entre la partes. De esta forma, podría verse beneficiado de una importante reducción en la solicitud de pena.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, los hechos se habrían producido de forma continuada entre los años 2017 y 2022, durante los cuales la víctima, en situación de tetraplejia, requería ayuda permanente para las actividades más básicas de su vida diaria. Sin ir más lejos, necesitaba siempre la ayuda de terceros para levantarse, asearse, vestirse y pasear.
El Ministerio Público sostiene que el acusado, aprovechando su rol de cuidador y la extrema dependencia de su hija, habría cometido múltiples actos de índole sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos, penetraciones digitales y supuestas felaciones inducidas.
A consecuencia de los hechos, la víctima habría desarrollado un trastorno adaptativo prolongado y un trastorno depresivo mayor cronificado, con una secuela valorada en 15 puntos y una fase de estabilización de 180 días, por lo que se solicita una indemnización de 35.500 euros.
La calificación jurídica atribuida a este encausado es la de delito continuado de abuso sexual con penetración por lo que la Fiscalía solicita una pena de 10 años de prisión, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante 15 años, la imposición de ocho años de libertad vigilada posterior a la pena, y la participación obligatoria en programas de reeducación sexual.
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