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El Ayuntamiento trata de vencer las últimas reticencias internas para devolver a las calles a los agentes de movilidad sobre los que persiste la duda en lo relativo a su capacidad sancionadora. Para ello, se ha originado «un debate jurídico» que trata de clarificar esta situación, si bien el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, considera que los miembros de este cuerpo tienen reconocida la potestad de poner multas.
Así lo explicó este viernes el regidor socialista, quien aclaró que estas funciones vienen respaldadas por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). «Intentamos mantener el cuerpo y defendemos que pueden multar porque es un cometido derivado de la ordenación del tráfico», señaló.
En los últimos días, la actividad de los agentes de movilidad ha quedado reducida a la mínima expresión, limitándose a la vigilancia de los puntos negros del tráfico en las horas punta. Lo que se ha dicho es que el resto de la jornada, los integrantes de este cuerpo están asistiendo a un curso de reciclaje, si bien ellos aseguran que se trata de simples charlas y que pasan mucho tiempo sin hacer nada.
La retirada de los agentes de movilidad tiene su origen en una sentencia que suspendió la multa impuesta por uno de estos funcionarios. Este fallo se basa en la anulación de algunas de sus funciones por parte del TSJC en febrero de 2015, entre ellas las de multar. Sin embargo, el Ayuntamiento reformuló el reglamento para reactivar la potestad sancionadora en marzo de 2015, en virtud de un acuerdo plenario que es el que regula la actividad de los agentes de movilidad.
Lo que ocurre es que la situación se complicó por el recurso que el Ayuntamiento planteó contra el fallo del TSJC. Así, mientras que tenía en cuenta la sentencia para reformular el reglamento, por otro lado, la recurrió. Pero el Tribunal Supremo ratificó, en mayo de 2016, la anulación de funciones de los agentes de movilidad que había dictado del TSJC por falta de subordinación a la Policía Local.
Sin embargo, cuando llega esta sentencia, el cuerpo de agentes de movilidad ya no se rige por la orden anulada, sino por la nueva de marzo de 2015. Así lo recoge un informe de los servicios jurídicos, de junio de 2016, que determina que «se ha de despejar cualquier duda sobre las funciones específicas de los agentes de movilidad para poder denunciar las infracciones de tráfico que puedan constatar, de la misma forma que los agentes de la Policía Local».
Por eso, el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, aseguró este viernes que «no hay ninguna duda de las competencias de los agentes de movilidad, pero el PSOE-Podemos y NC siguen sin enterarse de ello». En este contexto, el edil popular denunció, a través de una nota de prensa, que el «mobbing institucional que lleva sufriendo el colectivo de agentes de movilidad por parte del tripartito y que dura ya tres años». En su opinión, «despreciar esta figura de complemento a las policías locales es absurdo. Estos agentes favorecen las políticas de movilidad en las grandes urbes y libera a agentes de policía para centrarse en otras de sus múltiples tareas, como la seguridad ciudadana».
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