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El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) de Las Palmas de Gran Canaria acordó este lunes adjudicar, por medio de un contrato menor, los servicios de asistencia y asesoramiento jurídico a la secretaría del órgano de cumplimiento normativo de la compañía municipal. En este instrumento, de carácter colegiado, es en el que recae la investigación interna que se ha iniciado en Geursa a partir de la instrucción del caso Valka, una investigación judicial que trata de dilucidar si en el seno del Ayuntamiento, tanto en Geursa como en Parques y Jardines, operó una supuesta trama corrupta.
Dentro de Geursa, el órgano de cumplimiento normativo está compuesto por tres personas: el presidente, que es Luis Manuel Pérez Cañón, asesor jurídico en la empresa municipal; la secretaria, Isora Roca Grau-Bassas, una abogada externa, especialista en derecho penal y cumplimiento normativo ; y en tercer lugar, Carlos Cabrera Suárez, coordinador de la oficina técnica de Geursa.
Sin embargo, puesto que Pérez y Cabrera están siendo investigados en las pesquisas ordenadas por el Juzgado de Instrucción 2 y las fiscalías de Medio ambiente y Contra el crimen Organizado, ambos se inhibieron del órgano de cumplimiento normativo en este caso.
Por tanto, para asistir a la oficial de cumplimiento normativo, Geursa adoptó este lunes la decisión de contratar a un abogado externo para que preste los servicios de asistencia y asesoramiento jurídico.
Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, se contactó con tres profesionales diferentes, y al final se encargó la labor a uno de ellos por un precio de 80 euros la hora. El cálculo que se hace dentro de Geursa es que este encargo no supondrá un desembolso superior a los 5.000 euros.
La otra decisión que adoptó la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las palmas de Gran Canaria este lunes fue la de contratar a Isora Roca para el puesto de Recursos Humanos y Cumplimiento Normativo. La empresa publicó el 31 de agosto pasado -doce días después de los registros de la sede municipal por parte de la Guardia Civil en el marco de la operación Valka- un anuncio en el que, de manera anónima, informaba de que necesitaba cubrir este puesto y daba un plazo a los interesados para que enviaran sus currículos a un apartado de correos antes del 11 de septiembre.
A esta convocatoria solo se presentaron dos candidaturas: la de Isora Roca y la de otra persona, que fue rechazada por no cumplir los requisitos. Lo que valoraba Geursa era una licenciatura o grado en Derecho; experiencia de tres años en un puesto similar; un máster específico en Recursos Humanos y Cumplimiento Normativo; un nivel avanzado de ofimática; y estar en posesión de un certificado de cumplimiento normativo emitido por la Asociación Española de Compliance (Ascom) o equivalente. Todos estos aspectos los cumple la abogada que ya formaba parte del órgano de cumplimiento normativo de Geursa como trabajadora externa y que ahora pasará a formar parte de la plantilla de la sociedad municipal.
Este periódico intentó conocer la versión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pero no fue posible obtenerla porque se trata de una «información reservada».
Los investigados por Valka son el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la gerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; y el empresario Felipe Guerra; y el jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez.
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