La Fiscalía Europea ha remitido un decreto en el que asume la investigación del caso Fundación Siglo XXI después de determinar que esta ONG se ha beneficiado presuntamente de fondos comunitarios. En este procedimiento, aparte de la organización, hay cuatro personas investigadas por supuestamente derivar para gastos personales parte del dinero que recibían del Gobierno de Canarias en la anterior legislatura para atender a menores migrantes no acompañados.
En un auto del pasado 30 de agosto, el juez Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital, notificó a las partes que se inhibía en favor de la Fiscalía Europea, una circunstancia que se ha ejecutado ahora después de que este organismo estudiase el asunto y entendiera que era de su competencia.
Este procedimiento, avanzado en primicia por CANARIAS7, están investigados, además de la propia Fundación Respuesta Social Siglo XXI, María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy, que ocuparon puestos de responsabilidad y de gestión en la citada entidad.
En el caso Fundación Siglo XXI, la Policía Judicial informó por escrito que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, dirigida por aquel entonces por Noemí Santana, habría pagado 958.913 euros de más a esta ONG por el alquiler de dos de los centros que gestionaba en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 30 de mayo de 2023. Es uno de los aspectos investigados en la causa, que tiene su origen en la querella interpuesta en mayo de 2023 por el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas.
El fiscal apreció la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos, supuestos ilícitos atribuidos a los gestores de esta organización sin ánimo de lucro. Ademas, la fundación no estaba al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal y en la querella el fiscal apuntó que los investigados habrían utilizado «en beneficio propio» parte de los fondos públicos destinados al cuidado de menores migrantes no acompañados.
En su auto de 30 de agosto, el juez García García-Sotoca señala que la Intervención General de la Comunidad Autónoma le remitió un escrito en el que hizo constar que 1,9 millones de euros abonados a la fundación investigada fueron imputados a «créditos derivados del instrumento europeo de recuperación Next Generation».
Sin embargo, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias emitió un informe señalando que el acogimiento residencial de esos menores migrantes no acompañados se retirase del marco de los fondos comunitarios «ante la complejidad de justificación de estos fondos». Es por ello que el Ministerio Fiscal ya indicó al juez que su criterio era que mantuviese la instrucción del caso y no se inhibiera en favor de la Fiscalía Europea.
En el auto del 30 de agosto, el propio juez recuerda un precedente similar: en el caso Mascarillas inicialmente el dinero con que se pagó a la empresa RR7 se cubrió con fondos europeos pero al final se sacó de ese marco el expediente. Pese a ello, la Fiscalía Europea se avocó la competencia instructora.
También los abogados de los investigados comunicaron al juez que entendía que debía seguir llevando la investigación, «dado que los gastos son atribuibles a los presupuestos (...) de la Comunidad Autónoma de Canarias».
Pese a esos informes, el juez acordó «la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor de la Fiscalía Europea que ahora se ha ejecutado.
En la investigación y en la querella admitida a trámite, la Fiscalía señaló que la fundación investigada cobró del Gobierno de Canarias 12.505.878 euros por los servicios prestados en los años 2020, 2021 y 2022. Esos pagos fueron por la atención a los menores migrantes no acompañados en tres centros de Gran Canaria (Guiniguada, Demena Puerto Rico y Acorán) y uno en Lanzarote (La Santa).
Según la Fiscalía, «el análisis de las cuentas bancarias y la ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado. Existe una profusión de operaciones bancarias de extracciones en efectivo, así como el desvío de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares de los directores de los centros, y el desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos públicos».
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