El fiscal rebaja la pena de seis a cuatro años y medio para Juan Francisco Vargas

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha rebajado este jueves ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de seis a cuatro años y medio la pena que pide para Juan Francisco Vargas, conocido por ser el padre del desaparecido Yéremi Vargas, por presuntamente haber abusado de la hija de su expareja.

En su informe final, el fiscal Antonio López ha basado su acusación «fundamentalmente en la declaración de la víctima». La misma manifestó en la prueba preconstituida que se reprodujo en la sala, que en diciembre de 2020 -cuando tenía 13 años- el acusado se encontraba en la casa donde vivía junto a su madre en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Mientras se encontraban los tres en la cama durmiendo la siesta, expuso que Juan Francisco Vargas le «metió el pulgar en la boca» y su mano «se la pasó por sus partes».

El fiscal ha señalado que la «oportunidad y la ocasión está reconocida por el acusado», quien admitió haber compartido cama con la menor durante su declaración, aunque detalló que fue ocasional ya que la víctima y su madre estaban sentadas viendo la televisión.

Frente a la tesis planteada por el fiscal, el letrado de la defensa, Pedro Sánchez, mantiene que existen «suficientes elementos que puedan poner en duda el relato de la víctima», señalando «contradicciones» en la declaración de la madre de la denunciante, quien según expuso el letrado, afirmó hasta en siete ocasiones durante el juicio «yo creo a mi hija».

Este, a su entender, indica que «inicialmente no la cree» y que por ello continuó su relación con el acusado tras los supuestos hechos, llegando incluso a traer «su traje de boda a Gran Canaria con la finalidad de casarse con él».

La madre de la menor ha relatado ante el Tribunal que se enteró de los hechos cuando decidió ir a buscar al acusado a Gran Canaria, tras haberse marchado este de Fuerteventura alegando «problemas con el marido de mi madre, que era mentira».

«Recibí una llamada de mi hija mayor estando con él en el coche. Me dijo que pusiera el manos libres para que escuchara el sinvergüenza de mi pareja lo que había hecho con su hermana», ha declarado. Añadió que al reprocharle lo sucedido «se puso muy nervioso y casi tenemos un accidente de tráfico».

Respecto al tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia, la testigo ha explicado que «le comenté a mi hija que lo denunciáramos pero ella me dijo que no quería hacerlo. Lo veía como un padre y no quería que a ella la señalaran o preguntaran cosas en el instituto».

La madre sostuvo que fue «al enterarse por los medios que Vargas abusó de una hija suya» cuando decidieron interponer la denuncia el 31 de agosto de 2021, «porque era ya algo repetitivo y la niña se decidió».

El abogado defensor ha criticado la falta de concreción temporal en la acusación, calificando el escrito del Ministerio Fiscal como «anormalmente corto» para un delito de esta gravedad, lo que según argumentó deja a su cliente «en la más absoluta indefensión» al no poder «buscar una coartada razonable».

«Entendiendo que la declaración del acusado es contundente y clara, que no hay concreción temporal de los hechos y que hay insuficiencia probatoria. Condenar a este señor es, como mínimo, una temeridad», ha concluido.

Por su parte, Juan Francisco Vargas sentenció que «jamás habría pensado hacer algo tan atroz» y se preguntó «¿cómo es posible que sufriendo por la muerte de mi hermano y la desapareción de mi hijo Yéremi, me salieran con esto?».

El acusado explicó que el día de los hechos llegó de trabajar y se tumbó en el sofá a ver una película. «Me quedé dormido y cuando desperté no había nadie en la casa», negando cualquier tipo de tocamiento a la menor. Recalcó que en abril de 2021-cuatro meses después de los presuntos hechos- la testigo le aseguró en un mensaje «que se moriría enamorada de él».

Además, relató que cuando su expareja recibió la noticia en el coche, él le preguntó: «¿Me ves capaz de hacer algo así?», a lo que, según su versión, ella respondió «que no la creía».

El fiscal ha mantenido su petición de una indemnización de 3.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

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