«Somos familias que necesitan un techo»

A base de agua, así asegura que está Fabián Pazo desde este lunes, día en el que decidió empezar una huelga de hambre al ver que se cortaba el suministro de agua al edificio de la calle Los Aborígenes, en el barrio de Las Mesas, en el que se metió a vivir «hace cuatro meses» al carecer de una alternativa habitacional. «Vivía en el coche con mi pareja y me pusieron una multa de 1.500 euros por estar en la calle con el toque de queda», relata.

Así las cosas y dado que tenía un bebé de corta edad que no podía estar con ellos en estas condiciones, optó por entrar en un inmueble que, señala, «la gente usaba para fumar droga y hacer fiestas». Apunta que lo primero que hizo fue poner cerradura en la vivienda que iba a habitar y en las cinco restantes que integran esta edificación que, afirma, «está declarada en ruinas por la Policía y es de un banco».

El siguiente paso fue avisar a familiares, como su hermano y su prima, pero también a amigos que como él que «estaban en una situación crítica». Fue así como este inmueble «que está cerrado desde 2015» fue ocupado por seis jóvenes familias, entre las que hay seis menores de entre 3 meses y 11 años, y que en la mañana de este martes no dudaron en concentrarse ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital grancanaria para reclamar una solución a su situación.

«Somos padres de familia, somos personas que necesitamos un techo, nada más», explica este joven vecino de Las Mesas que se muestra firme en su postura de mantenerse en huelga de hambre junto a Nicolás, padre de tres hijos que también ocupa una de estas casas, pues entienden que «la vivienda es un derecho».

Fabián aclara que «no tenemos orden de desahucio, no hemos recibido ningún papel» y que «lo que pedimos es regularizar nuestra situación para poder contratar el suministro de agua y de luz». Y es que comenta que si bien tenían agua hasta este lunes, cuando «Emalsa cortó la tubería de la calle y en el enlace pusieron un tapón» en presencia «de la Policía», nunca han podido contar con electricidad por no disponer de un contrato de alquiler, pese a que afirma que «estamos empadronados».

Añade que este inmueble «figura en el Catastro en Madrid como un solar» y «lo hemos arreglado», y que aunque carecen de luz se las apañaban. Pero ahora no tener agua sí que les supone un gran problema, pues es primordial para «asear a los niños, limpiar la casa y también el bloque, porque los vecinos tenemos un orden para limpiar y también en la calle, porque el barrendero no pasa».

Asegura que los vecinos del barrio «nos apoyan» pues les conocen, «ya que la mayoría nos hemos criado en Las Mesas» y «porque somos gente tranquila». De ahí que se muestre firme en su decisión de mantener la huelga de hambre. «He estado leyendo cuánto puede aguantar un cuerpo humano sin comer y cuáles son las consecuencias, y yo creo que 44 días los puedo aguantar», indica. Y es que asegura que no tiene alternativa, ya que ha intentado alquilar sin éxito por tener un bebé de corta edad.

Ariadna Soto asegura que también tiene problemas para alquilar. Esta madre soltera explica que se decidió a meterse en una de las casas de este inmueble de Las Mesas porque uno de sus tres hijos «tiene autismo y ya he tenido que salir de varios alquileres, porque cuando le da uno de sus ataques hace ruido».

Además, explica «que ahora mismo solo estoy cobrando 450 euros, que es el ingreso mínimo vital, y 200 de la manutención, y con 600 euros cuatro personas es imposible». Y «los servicios sociales solo me remiten a hacer cursos, como estoy ahora mismo, que estoy haciendo uno».

Elizabeth Ramos tampoco lo dudó cuando su primo Fabián le dijo de ir a vivir a una de las casas de este edificio de la calle Los Aborígenes, que ha acondicionado. «Rehabilitamos por dentro porque no se podía entrar, estaba llena de basura porque la cogían de fumadero y la gente la usaba para estar ahí sentada con los amigos», indica.

La acción de protesta protagonizada ayer por estas personas ante Presidencia del Gobierno se va a repetir ante las Oficinas Municipales de León y Castillo y Emalsa. Además, no descartan solicitar los permisos pertinentes para organizar una manifestación . «No vamos a dejar de luchar por los derechos de nuestros hijos», garantizan.

Desde Emalsa confirmaron que este lunes se envió a un fontanero a la zona para proceder al corte del suministro porque, señalaron, se trataba «de un enganche ilegal» y que «la Policía Local se personó».