«La falta de psicólogos en Menores provocó la prescripción de delitos»

La jefa de la Fiscalía Provincial presume de la preparación y especialización de sus fiscales, pero advierte que la falta de medios humanos y materiales, perjudica el día a día del Ministerio Público en Las Palmas.

–Arranca un nuevo año judicial. ¿Cómo lo afronta después de años complejos y convulsos?

–Pues seguimos trabajando en un entorno complejo y convulso como usted define porque la Fiscalía tiene por delante importantes retos que atender. Por una parte, en Extranjería tenemos cada vez un mayor número de menores migrantes. A la Fiscalía se nos exige una respuesta no solo en la determinación de la edad, sino en una serie de cuestiones que expone nuestra delegada de Extranjería, Teseida García en su memoria, como la necesidad de una modificación de la Ley de Asilo Española para adecuarla a la normativa europea evitando las disfunciones que se producen y que no solo competen a este órgano, sino también al Estado y al Gobierno de Canarias en cuanto a esa primera acogida de los migrantes. También es un reto en el campo de la inmigración ilegal, en colaboración con las fuerzas de seguridad, localizar a patrones, organizaciones que promuevan la entrada ilegal al país abusando de los migrantes y también ponemos empeño en luchar contra la trata de mujeres y menores de ambos sexos que traen para abusar de ellos de forma sexual y también laboral.

También vamos a afrontar los problemas derivados de las nuevas tecnologías con delitos que se cometen utilizando estas plataformas y que requieren de unos conocimientos especiales.

Otro reto es el refuerzo de secciones como la de Delitos Económicos que cada vez se enfrenta a operaciones muy complejas y que implican una necesidad que ya ha puesto de manifiesto la fiscal superior, de apoyo con asesores externos que nos ayuden en asuntos como aquellos relacionados con contabilidad.

En materia de Menores es importante poder seguir con la protección de los mismos, no solo atender a aquellos que cometen delitos, sino también a los que se encuentran desamparados. Nos encontramos con instituciones a nivel de Canarias que no ponen todo el empeño, entiendo, que deberían para atender a esos menores que se encuentran en situación de desprotección.

Por último, en Discapacidad y personas que necesitan apoyo, precisamos por parte del Gobierno de Canarias de una atención rigurosa de todas las situaciones que se están planteando y que se denuncian por parte de la Fiscalía Provincial. Personas mayores que se dejan, entre comillas, aparcadas en los hospitales porque no hay un centro sociosanitario adecuado para su protección. Aparte de todo esto, atender a los retos cotidianos de llevar adelante una Fiscalía que necesita más personal, tanto fiscales como funcionarios. Ya no solo es que aumenta la delincuencia, sino que esta está cada vez más especializada.

–¿La inmigración es uno de los principales problemas que afronta el Ministerio Público?

–No es el único. Se solicitó y se nos otorgó un fiscal de refuerzo para atender esta materia. Además, la Fiscalía Superior ha nombrado a nuestra delegada provincial como fiscal autonómica en esta materia, precisamente, para dar una atención más global. Obviamente, si tuviéramos más medios, ofreceríamos una respuesta más rápida. De momento, creo, que se está dando una atención correcta, mejorable, pero adecuada a nuestros medios y nuestra competencia. Muchas veces se nos exige la intervención en cuestiones para las que no somos competentes y, aun así, intentamos darles respuesta. Es un reto la revisión que realizamos de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y los Centros de internamiento de extranjeros (CIES), realizando las correspondientes llamadas de atención a través de la Fiscalía de Sala, de la Superior y dirigiéndonos a la Delegación del Gobierno para que estén en condiciones.

–Nuevas tecnologías, eso sí que es un reto, luchar contra formas inéditas de cometer delitos...

–En este caso contamos con un apoyo muy importante, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil que tienen medios tecnológicos muy avanzados. La colaboración es y tiene que ser constante y eso requiere un gran esfuerzo.

–De la misma forma, entiendo, que sucede en los Delitos Económicos con la aparición de monedas digitales y demás...

–En este caso, la formación nos la da la FGE que es la que se encarga de la especialización de los fiscales. Insisto en que es necesaria la formación de los fiscales y procuro que en cada sección estén los más preparados para atender los procedimientos. ¿Apoyos? El que tenemos es el de la policía y de la Agencia Tributaria, pero hasta ahí llegamos.

–Menores ha sido un área y polémica. ¿Cómo están sus relaciones con los órganos judiciales y el Ejecutivo autonómico?

–Estamos en el punto del cumplimiento de la legalidad y la exigencia a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para que atienda a su deber con los menores. Hay una situación especialmente grave en materia de protección porque tenemos un volumen muy importante de asuntos y no siempre obtenemos una respuesta por parte del Ejecutivo. Ojo, que no digo que sea culpa solo de ellos, porque seguramente que también les falta personal y medios, pero precisamos de una mayor atención por parte de esta área del Gobierno de Canarias. Es necesario que se dé una respuesta a estas situaciones. En lo que respecta a los equipos técnicos, hay una insuficiencia enorme de personal en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (Imlcf). Nos hemos visto en Menores sin psicólogos para emitir informes, siendo éste un trámite obligatorio en casos de menores que delinquen o necesitaban protección. Hubo épocas en las que no había psicólogos.

–¿Y cómo actuaban entonces?

–Dejando los asuntos pendientes o que hicieran los informes los trabajadores sociales. Si no, pues llegaban a prescribir los asuntos. Con los juzgados la relación es correcta. Sí se han adoptado en el Imlcf soluciones para las pruebas de determinación de la edad.

–En este área se ha registrado un preocupante número de delitos contra la libertad sexual.

–Sería importante dotar de más medios por parte del Gobierno de Canarias para que se atienda y ofrezca recursos de educación y apoyo en actividades lúdicas a los menores.

–También es una demanda histórica la creación de un centro para menores con problemas de salud mental.

–Efectivamente, en la actualidad se les atiende en el Hospital Juan Carlos I, se les trata y en muchos casos se les manda para sus casas, sin que esos hogares tengan las condiciones adecuadas. El problema es más de protección que de reforma, aunque se ponga siempre el foco en lo último.

–¿En Violencia sobre la Mujer también persisten los retrasos en la emisión de informes por parte de los psicólogos del Imlcf?

–Sí, efectivamente nos pasa exactamente lo mismo, al igual que en Civil en los procedimientos en los que hay menores. Constatamos que hay un retraso importante cuando tienen que ser valorados por psicólogos para custodias entre progenitores.

–En su momento, para paliar este déficit el Ejecutivo canario instauró la política de contratar psicólogos externos, pero en la Memoria de la Fiscalía Superior, se quejaron de la «falta de calidad» de estos dictámenes.

–Es un parche, un problema muy grave. No me corresponde el determinar cómo solucionarlo, pero está claro que la solución no ha servido y es necesaria, urgente y obligatoria, la emisión de esos informes de psicólogos. En este caso, le correspondería a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que es la que tiene que proveer los medios necesarios.

–¿Por qué este problema se ha perpetuado durante años?

–No tengo ni idea. No sé cuál es el problema, me dicen que están buscando soluciones, pero cada vez que he ido a quejarme recibo las mismas respuestas de que están en ello, pero así seguimos.

–En cuanto al problema que sufren aquellas personas que necesitan apoyo, aludió a la saturación de los hospitales con mayores ya con alta médica que no tienen dónde ir. Recientemente la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, denunció el uso de un complejo turístico para esta actividad, ¿qué le parece?

–A nosotros, en la Fiscalía Provincial, no nos ha llegado ninguna denuncia y conozco el asunto por la prensa. No nos ha llegado nada, no sé si estará en algún juzgado o solo lo pusieron en conocimiento para llamar la atención solo a través de los medios. Nosotros hacemos una labor muy importante en la revisión de las residencias que hay abiertas para que tengan las condiciones adecuadas para atender a los mayores. Emitimos informes e incluso hemos llegado a pedir el cierre de algunas que, tengo que decir, nos ha costado mucho que las cesaran en su actividad ya que no obtuvimos una respuesta inmediata de la Consejería.

–En esta conversación aún no ha hecho alusión a la violencia machista, que en los últimos años ha copado las estadísticas de criminalidad en las islas...

–La atención por parte de juzgados y Fiscalía es bastante correcta, aunque siempre mejorable, como es lógico. ¿Qué se podría hacer para mejorar? Pues la comarcalización de los juzgados. Es algo que hemos reclamado desde la Fiscalía desde la época de Guillermo García Panasco siendo yo delegada de Violencia sobre la Mujer, de forma que los procedimientos de los juzgados de Arucas y Guía se tramitaran en Las Palmas de Gran Canaria con la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3. Creo que con uno sería suficiente. Eso aportaría una atención especializada a la mujer sin que se pueda poner como objeción la distancia geográfica. Si queremos dar una atención especializada lo lógico es que se cree un tercer juzgado.

También sería importante que estas mejoras que he comentado lleguen a la Fiscalía de Arrecife y Puerto del Rosario, dos islas que no cuentan con medios humanos y materiales adecuados. La falta de personal en la Fiscalía nos impide atender con la debida especialización todas las materias ya que los fiscales tienen que dar respuesta a cuestiones muy diversas. Estas dos islas necesitan una especial atención por parte del Gobierno de Canarias, de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Justicia. Necesitamos la creación de un juzgado de Menores en Arrecife para esas dos islas, que sus asuntos los llevamos desde Gran Canaria, y otro de Violencia sobre la Mujer exclusivo también en Arrecife o en Puerto del Rosario. En Fuerteventura, además, se une el problema de tener unas instalaciones absolutamente precarias.

–La provincia sigue sin contar con oficinas de atención a las víctimas...

–Es un déficit importante ya que no disponemos de esas oficinas como así establece la ley. Estamos incumpliendo la normativa porque aquí en Las Palmas de Gran Canaria y en San Bartolomé teníamos y las cerraron. La oficina virtual que se puso en marcha no ha funcionado ya que tiene que ser un complemento, no una solución. Es necesario dotarnos de estas oficinas.

–Usted fue reelegida tras presentar un proyecto que contó con la aprobación de la FGE. ¿Cuáles fueron sus planteamientos? ¿Ha podido ejecutarlos?

–Lo que planteé fue seguir ofreciendo una profunda atención a las secciones especializadas. Llegar y atender al ciudadano de la mejor forma y con los medios que disponemos, aunque debemos de tener en cuenta que nuestro personal es muy cambiante y tenemos que estar realizando reestructuraciones atendiendo, también, a las necesidades según la evolución del nivel de trabajo de las secciones. En Medio Ambiente tenemos una nueva delegada, que está en Puerto del Rosario, Clara Serrano Pardá, aunque ha concursado para venir a Las Palmas de Gran Canaria. En síntesis, un refuerzo de las secciones apelando al principio de especialización. Una reestructuración en la plantilla se hará dependiendo de los movimientos que se puedan producir en el concurso. Según las estadísticas de la memoria, veremos si reforzamos alguna sección en detrimento de otra.

–A bote pronto, ¿cuáles son las secciones que usted considera que deberíamos reforzar?

–Pues Extranjería, Delitos Económicos, Menores y Civil. En este último caso tienen un refuerzo que debe de consolidarse.

–¿El concurso de plazas afecta de forma positiva o negativa a la Provincial?

–Se crearon 70 plazas para la Fiscalía de las cuales seis de ellas se reservaron para la creación del fiscal de sala de Delitos de Odio y el de Memoria Democrática con sus adjuntos, por lo que las que han llegado a las diferentes fiscalías son 64 de nueva creación. En Las Palmas, de ellas, nos toca una en San Bartolomé de Tirajana y otra en Arrecife. El problema es que eso puede implicar movimientos de fiscales en toda España, a lo que hay que añadir que seguimos con el problema de los fiscales en expectativa de destino, que son los salen de la escuela y no tienen aún plaza. Vienen como refuerzos y aquí a Gran Canaria, dos han venido a Las Palmas de Gran Canaria y dos a San Bartolomé de Tirajana. Ellos ahora tienen necesariamente que concursar, por lo que de esas cuatro personas no nos quedará ninguna. Tendré que pedir nuevos refuerzos y reestructurar la plantilla. Ahora mismo el número de fiscales es deficitario con arreglo a los estándares europeos. Por lo que necesitamos la creación de mas plazas sobre todo de segunda que son las equivalentes a las de magistrado.

–¿Qué dice a aquellos que piensan que las asociaciones de fiscales están muy politizadas?

–Las asociaciones no somos conservadoras o progresistas, por lo menos en la que yo estoy que es la Asociación de Fiscales. No consideramos que seamos conservadores, para nada, es un cliché que nos ha puesto la prensa y personas interesadas. Simplemente buscamos la defensa de los intereses de los fiscales y defendemos que a las plazas de libre designación, asciendan aquellos con arreglo a criterios de mérito y capacidad. Es por ello por lo que la Asociación de Fiscales recurrió el nombramiento del fiscal de sala de Menores al considerar que la persona designada por la FGE no reunía los suficientes méritos frente a otro de los candidatos que entendíamos que sí. Y el Supremo nos dio la razón.

–Este año, la Fiscalía llevó a cabo importantes investigaciones en casos muy mediáticos como el Mascarillas o el Menas. ¿Es una demostración de que el futuro pasa porque la instrucción de los procedimientos en España la lleve el Ministerio Fiscal?

–La Fiscalía Provincial de Las Palmas lleva a cabo todas esas investigaciones al margen siempre de la opinión pública, desde la legalidad y centrándonos en las cuestiones que consideramos que pueden ser delictivas y proponiendo después a los juzgados que se continúe con las mismas y, es verdad, que en general cuando presentamos denuncias o querellas, los juzgados aprecian mucho la labor previa que hemos desarrollado. Estamos muy preparados, necesitamos medios, pero llevamos a cabo investigaciones muy importantes que, en general, acaban en condena. ¿Que cuando las causas van a Madrid a Anticorrupción o la Fiscalía Europea parece que se diluyen un poco? Queremos creer que no y que siguen investigando. En respuesta a su pregunta, la independencia e imparcialidad para la investigación de los delitos a través de las diligencias preprocesales de investigación en esta Fiscalía es total y gracias a nuestra especialización obtenemos un muy buen resultado, así que imagínese si tuviéramos la estructura adecuada para la instrucción de los procedimientos. Habría que hacer reformas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reforzando mecanismos, pero ahora mismo el fiscal de a pie es independiente y está capacitado para investigar delitos.

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