La expropiación que empezó en 1,7 millones y acabó en 19 por no pagar a tiempo

La Junta de Gobierno acaba de tomar conocimiento de un auto firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) relativo a una expropiación en la calle Pavía, que se ejecutó en el año 1994 -aunque la operación se planificó en 1989 y el solar se ocupó en 1990- para construir lo que hoy es el colegio Fernando Guanarteme, frente al centro comercial Las Arenas.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que con el ingreso de estos 6,85 millones de euros -que se repartirán los nueve antiguos propietarios de la finca sujeta a expropiación- se completa la cifra fijada como justiprecio expropiatorio, que era de 19,16 millones de euros, incluido el 5% de premio de afección.

La cantidad de los 19,16 millones de euros con la que se remata el proceso supone un incremento del 1.100% respecto al justiprecio que se fijó para la expropiación que fue realizada en 1994 y que fue de 1,6 millones.

Hace veintinueve años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, regido bajo el socialista Emilio Mayoral, decidió expropiar el solar en el que hoy se levanta el colegio. Una parte de la finca (1.108 metros cuadrados) estaba catalogada como suelo urbano consolidado y permitía la construcción de cinco plantas de altura; la otra, de 1.998 metros cuadrados sin aprovechamiento lucrativo alguno y destinado a fines educativos. También se reservaba una parte para viales, en lo que hoy es la avenida de José Sánchez Peñate.

Tras un largo proceso judicial, en 2001 se conocía la primera sentencia que fijaba el importe de la expropiación en unos 278 millones de las antiguas pesetas, alrededor de 1,6 millones de euros en aquella época.

Sin embargo, como no se pagó en su debido tiempo, ni en la Alcaldía de José Manuel Soria, ni en la de Pepa Luzardo (PP), la propiedad del suelo fue reclamando sucesivas retasaciones. Hay que recordar que los propietarios de un terreno afectado por un procedimiento expropiatorio pueden reclamar una retasación de su parcela cada dos años siempre y cuando no se les ingrese el dinero.

Por eso, en el año 2005, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa determinó que lo que había que abonar a los propietarios del suelo era 8,1 millones de euros, dinero que ingresó el Ayuntamiento ya en el mandato de Jerónimo Saavedra (PSOE).

Sin embargo, la valoración era considerada como insuficiente por los dueños del suelo, quienes plantearon un recurso en el que reclamaban el ingreso de 36,35 millones de euros, ya en 2009.

Estas pretensiones fueron rebajadas por el TSJC hasta los 11,7 millones de euros, más el 5% de premio de afección y un 10% anual extra, que elevaban el precio hasta los 16,9 millones.

La decisión volvió a ser recurrida. El proceso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en 2014 anuló una parte de la decisión del TSJC y obligó a retrotraer las actuaciones para fijar el justiprecio expropiatorio.

Por ello, la Sala aportó en 2022 un nuevo informe elaborado por un perito judicial que fijó el valor de venta de la finca referido al año 2007 y «teniendo en cuenta el planeamiento vigente en aquella fecha y sin tener en cuenta las plusvalías o transformaciones generadas posteriormente». Así se recoge en el auto del TSJC, de 2 de septiembre de 2022, que ha provocado que a fines de julio de 2023 el Ayuntamiento haya autorizado el gasto de los 6,85 millones de euros.

La nueva tasación determina un justiprecio expropiatorio por valor de 18,43 millones de euros, a los que se suma el 5% de premio de afección (912.455,1 euros), lo que hace un montante final de 19,16 millones de euros.

Esta determinación vuelve a rebajar la valoración hecha por los propietarios, que solicitaban 27,8 millones de euros, incluyendo ya el premio de afección.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mostró su conformidad con la valoración realizada en el informe pericial. El pago de los 6,85 millones se suma a los 11,7 que se habían depositado ya en 2011, junto a los 2,88 millones que ha habido que desembolsar como intereses de demora.

El auto del TSJC es susceptible de recurso de reposición.