El tripartito tensa la situación de la Obra Social

El Ayuntamiento de la capital siempre ha colaborado con la Obra Social de Acogida y Desarrollo desde su nacimiento en 1988. Según la última renovación del convenio, sellada en el año 2007, la corporación municipal abona 220.000 euros a la entidad cada año. Una cifra que no ha sido transferida todavía este año. «Nunca nos había pasado esto, normalmente siempre nos habían abonado el dinero en el primer semestre del año. Pero ya estamos en septiembre y todavía ni son capaces de decirnos para cuándo podría estar», explica con angustia el hermano García Barriga.

La Obra Social de Acogida y Desarrollo cuenta con un presupuesto de 2.500.000 euros este año. Su media de actuación está en unas 150 personas diarias en situación de pobreza y exclusión social. Por el momento sobrevive con el resto de convenios y, fundamentalmente, con los mercadillos y rastros solidarios en los que venden ropa o muebles de segunda mano, como es el caso del de la calle de Juan de Quesada.

Pero insiste el hermano García Barriga que la situación en estos momentos es crítica. «No tenemos noticia de cómo van a hacer para abonarnos lo que nos corresponde por convenio. Hemos tenido que pedir en dos ocasiones créditos bancarios para ir salvando obstáculos con lo que eso conlleva, que es lastrar todavía más nuestra economía dedicando dinero que debería ser para ayudar a la gente que pasa hambre a pagar intereses», indicó.

Es que, además, la Obra Social de Acogida y Desarrollo tiene en nómina a 93 personas que participan del proceso de actuación. Y las nóminas de esos profesionales se encuentran ahora mismo comprometidas por la falta de liquidez.

En ese estado están las cosas en el centro, un problema que, insiste el hermano Jesús García Barriga, necesitan la aparición de las instituciones, en este caso del gobierno tripartito de la ciudad. «El 70% de nuestros recursos económicos provienen de financiación propia, lo que conseguimos con nuestras riendas de segunda mano y nuestras acciones. Pero el otro 30%, el que proviene de nuestros convenios con las administraciones públicas también es capital para nosotros. Es lo que nos permite conseguir mejores recursos para ayudar a las personas que lo están pasando mal», señaló.

El hermano lamenta los problemas con los que los expedientes del convenio se han encontrado en el servicio de Intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuando entiende que desde los servicios técnicos y jurídicos ha salido toda la información pertinente para agilizar el pago de la cantidad anual. Según expone el presidente de la Obra Social los expedientes se han topado con reparos burocráticos de Intervención en tres ocasiones y eso es lo que ha impedido el cobro de la parte correspondiente del convenio.

El hermano Jesús García Barriga, en su condición de director de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, envió una carta a Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y a Luz Carmen Vargas, concejal delegada de Servicios Sociales, en la que les requería el pago del convenio y les exponía las graves dificultades en las que se encontraba la entidad. Le consta que el jefe del gobierno local la ha recibido, pero no le ha contestado.

«No he podido hablar con él», expone García Barriga. «Sí que lo he hecho con la concejala y me dijo que iba a ser todo lo posible por aligerar la situación, algo que le agradezco profundamente», indicó.

Para García Barriga la situación es inédita. «Desde que abrimos la Obra Social de Acogida y Desarrollo hemos tenido una amplia colaboración con todos los alcaldes, y en ese momento era José Vicente León. Para hacerse una idea del tiempo que ha pasado. Espero que en los próximos días Augusto Hidalgo reaccione y pueda liberar el cobro que estamos esperando», aseveró.

El hermano Jesús García Barriga, en su condición de presidente de la Obra, insiste en que los recursos que demandan son esenciales para poder atender los 150 casos de pobreza y exclusión social con los que lidian cada día, además de para poder abonar las nóminas de los 93 trabajadores que tienen en plantilla, 25 de ellos, según subraya, son personas que sufren discapacidad.