El pacto desoye las alegaciones en favor de la vivienda vacacional
El Ayuntamiento desestima 325 quejas y mantiene la obligación de que estén por debajo de los pisos residenciales y con una entrada diferente. El concejal de Urbanismo asegura que las que no cumplen estos requisitos «ya son ilegales». El PP advierte del daño económico que se inflige a la ciudad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado las 325 alegaciones presentadas por particulares, organizaciones empresariales y colegios profesionales contra la modificación de las normas del Plan General de Ordenación para introducir la figura de la vivienda vacacional. De acuerdo a la norma que impulsa el Consistorio desde hace dos años, este tipo de alojamientos tendrá que estar situado por debajo de los pisos residenciales -cuando se den los dos usos- y además deberán contar con un acceso independiente al de resto de viviendas que haya en el edificio.
En la práctica, estos requisitos condenan a la práctica totalidad de los pisos turísticos de la ciudad, salvo aquéllos que se encuentren en edificios en los que solo haya viviendas vacacionales.
La Federación Española de Asociaciones de Vivienda y Apartamentos Turísticos (Fevitur) presentó una de las alegaciones desestimadas por el Ayuntamiento. En ella se informaba de que en la ciudad hay más de 1.300 viviendas vacacionales debidamente registradas. «La práctica totalidad no está en disposición de cumplir con la previsión de acceso independiente», advertía. Por eso entiende que la regulación municipal es una «prohibición encubierta» y califica la medida como desproporcionada y discriminatoria.
Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, asegura que el tratamiento que se dispensa a la vivienda vacacional es el mismo que se da al resto de establecimientos turísticos extrahoteleros, de acuerdo con el decreto gubernativo. Y rechaza que la modificación de las normas empuje a la ilegalidad a estos establecimientos. «Ya son ilegales», explicó, «además, al no registrarse en el Ayuntamiento, es una actividad que no paga la tasa de recogida de basura comercial, como sí hace un bar, por ejemplo, lo que es una muestra de insolidaridad».
La aprobación del expediente de modificación de las normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada iba a ser debatida este martes en la comisión de Desarrollo Sostenible, pero finalmente quedó sobre la mesa ante la advertencia de la secretaría general del pleno de que el procedimiento seguido para su inclusión en el orden del día de manera urgente no había sido correcta. En todo caso, Doreste confía en poder llevarlo al pleno de este mes.
Por su parte, el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, definió la propuesta del gobierno como un «ataque» a la vivienda vacacional porque, en la práctica, «supondrá la eliminación de más del 95% de los negocios». Para él, se impide la redistribución de la riqueza turística entre la población local.
Inseguridad jurídica
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, señaló que «la inseguridad jurídica la genera el Gobierno de Canarias al crear un reglamento que hace que los propietarios de viviendas vacacionales den de alta sus negocios en el Cabildo de Gran Canaria y no establezca los mecanismos para que sea comunicado al Ayuntamiento con el fin de saber si se cumplen las determinaciones del Plan General». En cambio, para el PP la regulación municipal «da un golpe mortal a un sector esencial para la ciudad, hacia el que se muestra un desprecio total, sin apreciar el papel que juega en la redistribución de la riqueza».
El número de viviendas vacacionales que tiene la ciudad, de acuerdo con datos de abril de 2020, es de 2.420. Estos establecimientos ofrecen un total de 9.380 plazas alojativas. Se trata de un sector que está en alza desde el punto de vista económico, ya que hace un año solo había registrados 1.822 establecimientos. Esto indica que se ha producido un aumento de la oferta de casi un 33% en los últimos nueve meses. La patronal del sector, representada por la federación de viviendas de uso turístico (Fevitur), critica que el Ayuntamiento capitalino no haya tenido en cuenta «a los interesados al dictar esta medida».
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