Los desahuciados de Guanarteme esquivan la calle

Pudieron evitar la calle de noche, pero el problema que afrontan estas personas no está resuelto todavía. Los once vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que fueron desalojados sin previo aviso en la mañana de este jueves consiguieron esquivar el trance de tener que pernoctar en plena calle, donde fueron empujados por un lanzamiento del que nadie les había dicho ni una palabra. Tras su desalojo, ocho víctimas de esta situación pudieron ser realojados bajo un techo que les ofreció la persona que les había alquilado la vivienda que fue desalojada, mientras que otras dos pudieron encontrar plaza en una pensión de la zona Puerto. La última, hasta completar el listado de once, fue ingresada en un centro hospitalario por sus problemas de salud, según explicaron desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyos trabajadores siguen buscando una solución a este problema surgido de imprevisto en pleno corazón del barrio de Guanarteme.

Los once afectados por el desalojo se encontraron de bruces en la calle en la mañana del pasado jueves. La casa en la que vivían, y por la que pagaban una renta de alquiler de entre 250 y 400 euros por habitación, no era suya. Ni siquiera era propiedad de la persona a la que les pagaban la mensualidad y que ingresaba por ello unos 2.500 euros mensuales, pese a que ella solo pagaba 800 euros al mes al propietario real de la vivienda por su alquiler.

El dueño del inmueble, que no era conocedor de que su vivienda estaba siendo subarrendada por parte de su inquilino, no quiso renovarle el contrato y trató de recuperar la posesión del inmueble, situado en la calle Thomas Alva Edison de Las Palmas de Gran Canaria.

El alquiler estaba enmarcado en un contrato que se suscribió el 25 de septiembre de 2012 y que, posteriormente, fue prorrogado por cuatro años, los comprendidos entre 2017 y 2020. El vencimiento de la última prórroga del contrato de arrendamiento fue el 25 de septiembre de 2021, pero en julio, en dos ocasiones, la propiedad manifestó su voluntad de no renovarlo, cumpliendo así el plazo de comunicación de 30 días de antelación a su vencimiento.

Sin embargo, la inquilina se negó a abandonar la vivienda porque, alegaba, se habían abonado las rentas de enero y febrero de 2022, así como por el hecho de que no se podía demostrar que le hubiera sido notificado el fin del contrato.

Estas discrepancias fueron resueltas en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Las Palmas de Gran Canaria. En una sentencia emitida en mayo de 2022, la magistrada declaró «la extinción del contrato de arrendamiento de fecha de 25 de septiembre de 2012, por expiración del plazo, y se ordena el desahucio y lanzamiento de la demandada», a la que también se condena con el pago de 1.600 euros «en concepto de rentas y las que se vayan devengando a lo largo del presente procedimiento».

La sentencia fue recurrida por la inquilina y llegó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que en octubre de 2023 desestimó el recurso y confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia.

El procedimiento de lanzamiento se fue demorando en una batalla judicial que llegó al Tribunal Supremo -que no admitió el recurso de casación- y a la que permanecían ajenos los once inquilinos que alquilaron las habitaciones a la subarrendadora. Por eso, este jueves fueron sorprendidos por la llegada de la comisión judicial a la puerta de sus hogares para ejecutar el desalojo del inmueble.

Afortunadamente, ninguno de ellos tuvo que dormir en la calle, pero la solución habitacional definitiva todavía no existe para ellos y los servicios sociales siguen trabajando en encontrar una salida para las víctimas de este caso.

Los esfuerzos se centraron este viernes, sobre todo, en las dos personas que pudieron pagarse una pensión, que les cobra por noche 40 euros. Ambos se encontraron con que el dueño de la pensión les dijo que no podían seguir más noches porque las habitaciones estaban ya alquiladas y, por tanto, no podían prorrogar su estancia allí. «Nos tienen que ayudar porque yo no tengo nadita, no tengo a dónde ir», explicó una de las dos personas que pudo entrar en la pensión, «yo no me pienso marchar».

Con sus recursos alojativos ocupados al máximo, los servicios sociales están buscando un techo para estas dos personas. Ellas se pagaron la pensión la primera noche, pero los precios en Las Palmas de Gran Canaria están desorbitados y algunos de los hoteles a los que se suele recurrir para albergar a personas en situaciones de emergencia están cobrando ya 56 euros por noche.

Por eso se están buscando alternativas y se está tratando de convencer a las víctimas que denuncien a la subarrendadora de la casa, ya que todavía no han recuperado todo el dinero que habían pagado por el alquiler.

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