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Las tasas por el uso del vertedero, en este caso el del Salto del Negro, que impone la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, obligará al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar unos ocho millones de euros por el depósito de residuos sin separar en origen para favorecer su reciclado.
La nueva normativa entró en vigor el 1 de enero del presente año. En ella se justifica la imposición de este nuevo impuesto en «el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, con la fracción orgánica como fracción preferente y la educación ambiental, al objeto de desincentivar el depósito de residuos en vertedero, la incineración y su coincineración».
La base imponible está constituida por el peso de basura que el municipio deposite en el vertedero. De acuerdo a los datos que ofrece el Cabildo de Gran Canaria, gestor de la instalación de Salto del Negro, el Ayuntamiento capitalino depositó en 2021 un total de 145.844 toneladas de basura, lo que representa el 70% de todo lo que entra en esta infraestructura.
Este dato se refiere a todo tipo de residuos. Si se atiende solo a la mezcla de basura, la cantidad se queda en 128.687,36 toneladas, lo que supone el 77% de toda la mezcla que se deposita el complejo medioambiental y cuya cantidad total, en el año 2021, fue de 167.717,7 toneladas, según las cifras oficiales.
La cuota íntegra que fija la ley es de 40 euros por tonelada para los residuos municipales, y de 30 euros por tonelada para los rechazos de los residuos municipales. De la aplicación de estos baremos es de donde se hace el cálculo del coste de los ocho millones de euros que tendría que asumir la ciudad por su actual gestión de residuos, informa el Consistorio capitalino.
Hay que tener en cuenta que la ciudad paga ya más de siete millones de euros al año al Cabildo de Gran Canaria por el uso del vertedero, con lo que el nuevo impuesto elevaría el coste de la gestión de los residuos hasta algo más de quince millones de euros.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha adherido ya a la petición de la Federación Canaria de Municipios de retrasar la aplicación de este impuesto tres años, de forma que su cobro no se pasaría hasta el año 2026. La otra opción que baraja el grupo municipal de gobierno es que el impuesto lo asuma «el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Gran Canaria».
De los 34millones de euros que supondrá el nuevo impuesto a nivel de Canarias, en torno a un 24% lo tendrían que pagar los ciudadanos de la capital grancanaria, bien a través de un tributo directo y específico, bien mediante el cargo directo a los presupuestos municipales.
La nueva ley trata de reducir la cantidad de residuos que llega al vertedero y potenciar el reciclado. Y aquí la capital grancanaria está por detrás de la media nacional. Cada ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria genera una media de 338 kilos de basura mezclada y sin separar al año, frente a la media nacional de 366 kilos, según los registros del Instituto Nacional de Estadística. Y los datos de reciclaje son aún pobres, con unos 12 kilos anuales de envases (18,8 en toda España) depositados en el contenedor amarillo; 13 de papel y cartón (19,3 estatal); y 14 de vidrio (18,7 a nivel nacional).
Esto supone que la recogida selectiva representa solo un 10% de la bolsa de basura que depositamos en los contenedores de la capital grancanaria.
La promoción de la recogida selectiva se ha atascado en esta ciudad, que todavía no ha implantado el quinto contenedor, el depósito marrón, para recoger los restos de alimentos y de plantas, los llamados biorresiduos. Debe estar a pleno rendimiento antes de que comience 2024.
Además, todavía no se ha resuelto la transmisión del vertedero de Salto del Negro al Cabildo de Gran Canaria, acordada a principios del año 2013. La institución insular y el Ayuntamiento acordaron fijar un precio de venta por los terrenos (176.887 metros cuadrados) y activar un canon ambiental que debía cobrar la ciudad por los perjuicios que se derivan de soportar estas instalaciones. Hay que recordar que el ecoparque da servicio a trece municipios de la isla.
A pesar de que el Consistorio llegó a valorar los terrenos en unos 18 millones de euros, y a estimar el canon a recibir en unos 300.000 euros al año, la negociación nunca se cerró, pese a que sí se materializó en el cambio de gestión -de municipal a insular- de la política de residuos.
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