Darias cree que el Gobierno canario «no tiene interés» en declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada
La alcaldesa capitalina señala que es lo que se deduce de la «nula» respuesta recibida y pide al Ejecutivo regional «que abra el procedimiento»
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aseguró en la mañana de este miércoles que no ha recibido «ninguna contestación formal por parte del Gobierno de Canarias» a la pretensión de la ciudad de ser declara zona tensionada.
En una visita al campus de verano del IMD en el López Socas, la regidora respondió a preguntas planteadas por los medios sobre esta circunstancia, después de que haya trascendido un estudio reciente que recoge que el esfuerzo que hace la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria para hacer frente al pago del alquiler implica destinar el 53,28% de su salario bruto.
Darias incidió en el hecho de que «ha sido nula» la respuesta del Ejecutivo regional a la «solicitud» del Ayuntamiento capitalino de «declaración de zonas tensionadas». Una petición que fue respaldada por un acuerdo plenario en el mes de enero pasado y que, recordó, se acompañó de «un informe riguroso, exhaustivo, donde analizamos pormenorizadamente toda la situación de la ciudad, la evolución socio-demográfica, los diferentes tipos de familias en esa proyección a veinte años vista, aproximadamente. Y que nos daba que de los cuatro indicadores que establece la Ley de Vivienda, en el artículo 18, cumplíamos al menos tres».
Añadió que «lo que hemos conocido» ha sido «a través de respuestas que se ha dado en sede parlamentaria a pregunta de otros grupos parlamentarios», o del «último informe que hemos conocido a través de los medios de comunicación del Colegio de Economistas». Un análisis que calificó de «sorprendente, por cuanto cuesta entender, sin un estudio riguroso, que Las Palmas de Gran Canaria no sea una ciudad donde las familias tengan que pagar, entre otros, más del 30% de su salario habitual» para acceder al alquiler.
En referencia a las informaciones publicadas estos días por CANARIAS7 en las que se detalla el coste del arrendamiento en la urbe, Darias dijo que vienen «a corroborar» lo que «ya decía, el informe riguroso que se ha hecho desde la Concejalía de Urbanismo» junto «con la ULPGC».
La alcaldesa insistió en que ese informe remitido al Ejecutivo autonómico es «de la máxima rigurosidad y de la máxima fiabilidad». Por eso dijo no entender «la posición de nula respuesta, de no intentarlo, porque, si yo me tengo que guiar por la no contestación, que es lo que hasta ahora hemos tenido oficial, es que no hay interés» y que «podría deducirse que el Gobierno de Canarias no tiene interés en declarar Las Palmas de Gran Canaria» zona tensionada ni en «abrir el procedimiento».
Así, señaló que «hasta ahora no tenemos constancia de que se haya abierto el procedimiento, cosa que es lo mínimo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y lo que establece la propia Ley de Vivienda para hacerlo».
Dijo que en su responsabildad como alcaldesa «pienso en las familias de Las Palmas de Gran Canaria», ya que hay «personas que están destinando una parte importantísima de su sueldo» al «alquiler de una vivienda».
Darias considera que «esto no se puede demorar más y como alcaldesa, lo que le pido al Gobierno de Canarias es que responda a nuestra petición» y que «abra el procedimiento y que podamos argumentar y seguir trabajando de manera conjunta y colaborativa para dar una solución» y «ver si funciona o no».
La regidora puso el ejemplo de regiones como Cataluña, en las que tras lograr esta declaración «ha habido una reducción» de «un 5%, un 6%»; o de ciudades como A Coruña, «con unas condiciones parecidas a la nuestra» y que también la ha obtenido.
«Creo que los argumentos están del lado de Las Palmas Gran Canaria. Y lo que pedimos es, desde el máximo respeto pero también de la máxima exigencia, que se nos responda y atienda», dijo.
Por último, recalcó, que es el Gobierno de Canarias el que «tiene la potestad», como establece «el artículo 149 de la Constitución Española» y «las propias competencias» del Estatuto de Autonomía de Canarias.
