El Consejo Canario de Graduados Sociales reclama participar en el turno de oficio
Reivindican este miércoles, coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio, «voluntad política» para que se les incluya en el servicio atendiendo a su cualificación y al amparo legal existente
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 12 de julio 2023, 17:27
Los Graduados Sociales de Canarias reclaman, en un comunicado, un servicio de turno de oficio como garantía de una justicia social efectiva y real. Fermín Ojeda, presidente del Consejo Canario, señala que «sólo falta voluntad política, ya que los Graduados Sociales estamos cualificados y amparados legalmente para prestar un servicio de oficio a la ciudadanía».
La Constitución española garantiza que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra norma fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos, se recoge en el texto.
Los beneficiarios y destinatarios directos es toda la ciudadanía que pretenda acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación económica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos y todas.Aunque la Ley 1/1996 de 10 de enero no contempla a los Graduados Sociales entre los profesionales necesarios para el acceso a la tutela judicial efectiva, la realidad es que su alta especialización en el ámbito laboral y de la Seguridad Social supondría una garantía adicional para los ciudadanos que por escasos recursos, requieran de asistencia gratuita en materia laboral y de seguridad social, prosigue el documento.
En el año 2014 el proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita (BOCG de 07/03/2014), que venía a sustituir la Ley 1/1996 de 10 de enero (que no llegó a ver la Luz ) contemplaba la incorporación al sistema a los Graduados Sociales en cuanto pueden ostentar la representación técnica en determinados procedimientos laborales y de Seguridad Social , y señalaba: «Se podrá solicitar la representación técnica de un Graduado Social, que, en su caso, actuarán con sujeción al mismo régimen que para Abogados y Procuradores establece esta ley», se añade en el documento.
Pese a no materializarse el proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2015, introdujo una serie de reformas que afectan de forma directa a la profesión de Graduado Social, y que suponían un paso definitivo en la consolidación legal de los graduados sociales como profesión jurídica.
Esta ley deja claro que en nuestro actual ordenamiento jurídico existen tres profesiones que tienen el rango de operadores jurídicos: abogacía, procuraduría y graduados sociales, todas figuras procesales para actuar en los tribunales. Posteriormente y concretamente en materia de justicia gratuita la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), confirma la capacitación de los graduados sociales para formar parte del turno de oficio incorporando el mandato para elaborar los proyectos necesarios que regulen la capacidad profesional exigida a los Graduados Sociales para actuar ante la Jurisdicción Social.
Igualmente compromete los desarrollos normativos necesarios para la adaptación del marco legal que posibilite el acceso de los Graduados Sociales al sistema de representación técnica gratuita. Se constata que contiene de forma imperativa el citado Proyecto la obligación de constituir en el plazo de tres meses una Comisión Mixta formada por representantes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Graduados Sociales, de la que formarán parte las personas expertas, en igual número, que designe el Ministerio de Justicia, se recoge en el comunicado remitido por los Graduados Sociales de Canarias.
Ojeda destaca «las bases legales ya están constituidas, solo falta un ejercicio de responsabilidad política para cumplir el mandato de la Ley en beneficio de la ciudadanía laboriosa que carezca de los necesarios recursos, incluyendo de forma definitiva a los Graduados Sociales en el turno de oficio en materia laboral y de seguridad social».
Mientras tanto y en un ejercicio de compromiso social característico de nuestra profesión los Colegios de Graduados Sociales repartidos por toda la geografía española hemos puesto en funcionamiento, los Servicios de Orientación Jurídica-Laboral Gratuita prestando un servicio jurídico-social muy relevante a miles de personas sin recursos, sobre todo a personas trabajadoras y a pensionistas, que disfrutan de orientación técnico-jurídica especializada de primer orden en materia laboral y de seguridad social para ayudarles a lograr sus pretensiones en defensa de sus derechos, se recoge en el texto.
Desde el Consejo Canario nos hacemos eco de nuestro lema profesional 'Justicia Social' y confiamos en que el nuevo anteproyecto de Ley de Defensa Jurídica pueda realizar esta aspiración en beneficio de la ciudadanía, concluye el documento.
