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Sepultada bajo los miles de números que conforman el presupuesto municipal, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá sobre la mesa este miércoles la aprobación de un cambio en el régimen retributivo de los miembros de la Corporación que afecta a algunos concejales de la oposición. El terremoto que ha provocado la propuesta de acuerdo afecta a cuatro ediles pero amenaza con enturbiar más las relaciones entre los diferentes grupos políticos con representación en el Salón Dorado y con judicializar de nuevo el marco del diálogo entre las dos bancadas de las Casas Consistoriales.
El cambio que impulsa el grupo de gobierno en el pleno extraordinario opera en una doble vía: por un lado, redistribuye el número de concejales con dedicación parcial; y por otra parte les rebaja el sueldo que fue aprobado en el pleno de junio de 2023.
El primer punto afecta al Partido Popular y a Vox, los dos principales grupos de la oposición, con nueve y cuatro concejales respectivamente. En el acuerdo plenario de junio de 2023 se acordó que fueran concejales con dedicación exclusiva los 15 del gobierno (la alcaldesa y el resto de ediles), más uno del PP (ahora es Ignacio Guerra), otro de Vox (Rafael de Juan Miñón) y un tercero de Coalición Canaria (David Suárez). En cuanto a los concejales de dedicación parcial, se decidió que fueran cuatro, todos del Partido Popular en virtud de las tradicionales negociaciones que se celebran en el inicio del mandato, en este caso entre PSOE y PP, y en las que no participaron los ultraconservadores porque entienden que este tipo de «pactos de despacho» van en contra de la exigida transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
El pleno de organización de junio de 2023 fue recurrido por Vox en su momento. La sentencia no llegó hasta el pasado mes de septiembre y declaró nula la convocatoria del pleno de organización.
En el pleno de octubre de 2024, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acataba la sentencia, pero no alteraba sus consecuencias. Entonces, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, aclaraba que el criterio del gobierno municipal era que se anulaba la consideración de urgente de la convocatoria. Y detallaba que Vox no recurrió ninguno de los acuerdos de 2023, por lo que se consideraban «firmes y consentidos», tal y como consta en el acta del pleno de octubre del año pasado.
Desde entonces, las relaciones entre PSOE y PP se han venido deteriorando, sobre todo por las denuncias presentadas en la Fiscalía Provincial de Las Palmas respecto a la gestión de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
La insistencia de Vox, además, en obtener una presencia más acorde a sus resultados electorales, pues siempre se han considerados infrarrepresentados en comparación con el PP, hizo que el gobierno encargara un informe a la Secretaría General del Pleno que fue firmado el pasado 7 de noviembre. «No es una cuestión de representatividad porque eso no va a cambiar», explica el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, «la representatividad que corresponde a nuestros cuatro concejales electos la hemos venido ejerciendo y la seguiremos ejerciendo con independencia de la retribución por nuestra labor. Es una cuestión legal relacionada con la proporcionalidad de lo que es un acto de liberalidad de la Alcaldía y Presidencia del Pleno».
El informe de la Secretaría General del Pleno detalla que el número de miembros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en dedicación exclusiva está limitado a un máximo de 20 ediles, en función de su población. En estos momentos, hay 18.
En cuanto a los miembros de dedicación parcial, si bien no existe un límite numérico, con la cuantía asignada a este régimen (50.490 euros), no queda la posibilidad de aumentar el número de concejales en esta situación.
La secretaria concluye que no existe «criterio o justificación alguna que motive la asignación del régimen de dedicación parcial únicamente a concejales del grupo político municipal popular».
Pero el PP entiende que no se trata de excluir a Vox, sino de moverse en los márgenes que permite la disponibilidad presupuestaria municipal para mantener sus cuatro concejales con dedicación parcial y sumar al de Vox.
Ni el PSOE ni Unidas Sí Podemos adelantaron el sentido de su voto, aunque no parece que vaya a producirse una ruptura de la disciplina de voto. Nueva Canarias, por su lado, explicó que estaba a favor de una representación política proporcional.
Además, la propuesta viene acompañada de un recorte de un 25% en los sueldos asignados a los concejales de la oposición con dedicación parcial.
La portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, envió ayer una carta a los portavoces municipales para explicarles lo que va a suponer este cambio para sus compañeros de partido. «Seguro que entiendes que este cambio en las condiciones económicas de estas personas, que no tiene precedentes en este Ayuntamiento en cuanto que se adopta a mitad de mandato, cambiando el marco que todos nos dimos a comienzo del mismo, afectará sustancialmente a sus condiciones de vida», escribe tratando de evitar el voto a favor de este cambio en el pleno de este miércoles, «la aprobación de este acuerdo significará que uno de nuestros concejales dejará de estar en dedicación parcial, con el consiguiente impacto en su economía, cuando en algunos casos se trata de concejales que abandonaron su puesto de trabajo para poder trabajar en pos de la mejora de nuestra ciudad».
«El Grupo Municipal Popular por supuesto defenderá en instancias administrativas y judiciales la integridad de sus componentes, pero con esta carta he querido expresarte cuál es el trasfondo de esta decisión y pedirte que reflexiones, junto con tu grupo, si es necesario el atropello que se va a acometer con personas que se esfuerzan en que esta ciudad mejore. Todos los grupos políticos, de forma consensuada, decidieron dignificar las condiciones de vida de los concejales, tanto del gobierno como de la oposición, tratándose como somos de la novena ciudad de España. Ahora ese consenso se rompe, pero lo que es peor, se hace a mitad de mandato, quebrando el marco que todos nos dimos a comienzo del mismo», prosigue Delgado-Taramona en su carta.
Con el recorte salarial que se aprueba este miércoles, los tres concejales del PP que retendrán la dedicación parcial y el nuevo de Vox pasarán a cobrar 38.250 euros anuales brutos, frente a los 50.940 euros que venían ingresando hasta ahora. Cada uno pierde 12.240 euros brutos cada año.
En cuanto al resto de los concejales, mantienen las cuantías retributivas que fueron aprobadas en junio de 2019 en una votación que se hizo famosa porque duró 70 segundos.
Así, la alcaldesa Carolina Darias percibe 71.400 euros brutos anuales; los concejales de gobierno (Pedro Quevedo, Gemma Martínez, Francisco Hernández Spínola, Inmaculada Medina, Josué Íñiguez, Carmen Luz Vargas, Mauricio Roque y Saturnina Santana) ganan 67.320 euros; los concejales delegados (Betsaida González, Carla Campoamor, Esther Martín, Héctor Alemán, Carlos Alberto Díaz y José Eduardo Ramírez) ingresan 66.300 euros.
Y en la oposición, los concejales con dedicación exclusiva (Ignacio Guerra, Rafael de Juan Miñón y David Suárez) siguen cobrando 51.000 euros brutos al año.
Todos estos importes se abonan en catorce pagas anuales, dos de ellas extraordinarias en junio y diciembre.
Los ocho concejales restantes en la oposición no tienen sueldo asignado. Solo cobran cada vez que asisten a un pleno (250 euros brutos), a una comisión (150 euros brutos), a una sesión de organismos autónomos (150 euros brutos) o a una sesión de la junta de distrito (100 euros). Estos conceptos tienen un límite máximo de siete asistencias mensuales.
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