Estalla el conflicto colectivo en los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: los agentes denunciarán su situación laboral en el juzgado

Los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) acordaron este viernes, en una asamblea mayoritaria, la declaración de conflicto colectivo ante la falta de respuesta que han recibido de la jefatura y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a sus demandas de cambios organizativos, mejoras de sus condiciones laborales y pago de las horas extraordinarias que se les adeuda.

Alrededor de 80 trabajadores de una plantilla de unos 120 -contando también los que votaron por correo electrónico y los que estuvieron presentes de manera virtual- aprobaron por mayoría la contratación de un despacho de abogados para fiscalizar las condiciones laborales que tienen los agentes. «La jornada laboral, el paso de C2 a C1, los problemas con los permisos... sufrimos un montón de desvaríos y, como no se resuelven con la negociación, decidimos reclamar en los tribunales», según explica el representante de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Cuerpo, Raúl Esclarín.

Una comisión de agentes solicitará una reunión con la Jefatura para tratar de reconducir la situación. Si en dos semanas no se produce respuesta alguna, los trabajadores no descartan adoptar otras medidas de presión que irán al alza de manera progresiva.

Por el momento, los bomberos han decidido mantener la decisión de no reforzar turnos, que ha provocado que este mes de agosto se haya tenido que cerrar los parques zonales de Vegueta y de La Isleta ante la insuficiencia de personal.

El portavoz de la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB), Daniel Ojeda, considera que la administración está poniendo «tiritas» a una hemorragia que está provocando la «falta de transparencia en la asignación de las horas extraordinarias, la falta de organización del servicio, las debilidades en el cuadro de mandos y la falta de definición de las obligaciones de los agentes en las jornadas de trabajo».

El representante de USPB dejó claro que el conflicto colectivo no tiene ninguna base salarial. «No estamos hablando de más dinero sino de que nos paguen lo que nos deben», expuso Ojeda, «no pedimos aumento salarial, lo que reclamamos a la alcaldesa (Carolina Darias) no tiene un coste para la ciudadanía».

Desde Comisiones Obreras (CC OO) se insiste en esta idea. «No pedimos dinero, lo que necesitamos es más personal porque, de seguir así, en diez años se extinguirá el cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria ya que la mitad de la plantilla ya tiene más de 50 años», argumenta Víctor Monzón.

Los sindicatos rechazan los cálculos del gobierno, que fijan siempre que la plantilla actual del cuerpo de Bomberos está cubierta al 80%. «Aunque fuera un 75%, ¿tendríamos que asumir que hay 120 agentes, de los que solo están activos unos cien, cuando las necesidades de la ciudad debían tener como poco unos 177?», se pregunta Raúl Esclarín.

En su opinión, los cálculos que aporta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se basan en una Relación de Puestos de Trabajo «que se ha quedado obsoleta y no cubre las necesidades de una ciudad que ha crecido, que es atendida por unos bomberos que cada vez tienen más edad y que tienen que cubrir los servicios que se generan en el Puerto de La Luz y de Las Palmas». De acuerdo a los cálculos que hace Raúl Esclarín, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la capital grancanaria debería estar formado por 250 agentes.