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El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, ha firmado una resolución por la que el Consistorio capitalino inicia un procedimiento de ejecución forzosa para el cese de la actividad y entrega de la concesión de dominio público de la terraza TAO, en los jardines de Alonso Quesada.
La resolución municipal señala que la orden de recuperación del espacio público no admite la presentación de recurso administrativo, sin perjuicio de todos los que proceda interponer frente al acto de finalización del procedimiento.
Este periódico ha podido conocer que la defensa administrativa y judicial por el derecho de uso de este espacio no ha terminado aquí.
La concesión municipal del uso privativo de esta parte de los jardines de Alonso Quesada para la explotación de una terraza al aire libre fue suscrita en septiembre de 2011, hace ya casi trece años.
En 2019, ocho años más tarde, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declaró la finalización de la actividad que desarrolla la mercantil MB Producciones Canarias por entender que el plazo del permiso había vencido ya.
En aquella determinación municipal, se daba el plazo de un mes para que la terraza cesara su actividad. Y se concedía otro mes más para el desalojo y el acondicionamiento del espacio antes de entregarlo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, las empresas que gestionan la actividad hostelera presentaron un recurso de reposición contra la citada resolución municipal que fue rechazada por parte del Consistorio capitalino.
Esto abrió la vía judicial por el uso del espacio público. En aquel momento, las mercantiles solicitaron la suspensión cautelar de la ejecutividad de las dos resoluciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
A fines de ese mismo año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria acordó la suspensión cautelar de las determinaciones municipales, lo que permitía el mantenimiento de la actividad.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurrió ese auto judicial. Y, mientras tanto, la discusión sobre el fondo del asunto sigue su procedimiento en el palacio de justicia.
Así, en el año 2022, el Juzgado emite una sentencia que desestimaba el recurso presentado por la representación de la entidad MB Producciones y Santropé Servicios y Eventos, que recurrieron el fallo.
De acuerdo al relato de los hechos que recoge la propia resolución del Ayuntamiento, en septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) volvió a dar la razón al Consistorio capitalino y emitió un fallo en contra de las pretensiones de las dos mercantiles.
El pleito llegó entonces a las puertas del Tribunal Supremo. Sin embargo, el recurso no fue admitido a trámite por falta de interés casacional para la formación de jurisprudencia.
Cerrada esta vía, el asunto vuelve al nivel local. Estamos ya a principios del año presente. Tras la providencia superior, el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emite un requerimiento «para el cese de la actividad y entrega de la concesión de la zona de dominio público en los jardines de Alonso Quesada».
Tal y como se ordenó en 2019, el Ayuntamiento daba a las empresas un mes para que cesaran en su actividad más otro mes, desde el fin de la explotación, para el desalojo y el acondicionamiento del espacio público antes de ser entregado a la ciudad, así como para entregar las llaves al Consistorio capitalino.
Tres meses después, se solicita a la Policía Local que verifique si se ha dado cumplimiento al requerimiento municipal. Así, a principios de julio de 2024, la Policía Local emite un informe «en el que se expone que en el momento de la inspección, la actividad se encuentra abierta y en funcionamiento, y se concluye que las entidades no han dado cumplimiento a la resolución» municipal. Por eso, en agosto se emite un nuevo requerimiento de ejecución forzosa del cese de la actividad y entrega de la concesión.
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