El Ayuntamiento de la capital grancanaria da orden de abono del IBI social de 2016
Las Palmas de Gran Canaria ·
Los 1.509 vecinos que llevan esperando seis años cobrarán un promedio de 254 euros
La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, acaba de informar que este martes se ha remitido a Contabilidad la autorización y disposición del gasto que permitirá al Consistorio abonar las ayudas al catastro de 2016.
Lo que la administración debe a un total de 1.509 vecinos es un montante de 383.303,16 euros, lo que hace que cada beneficiario cobrará 254 euros, de promedio, seis años después.
El IBI social se activó en el año 2016 como una ayuda para que las familias con menos recursos recibieran una reducción en el recibo del catastro. Estaba previsto que la rebaja oscilara entre los 50 euros y una bonificación total.
El grupo de gobierno calculó que el IBI social iba a llegar a unos 25.000 vecinos, pero en la primera convocatoria, que fue dotada con 1,7 millones de euros, solo se presentaron 6.750 solicitudes. De ellas, se aprobaron 5.218, pero no todas han podido cobrar. Todavía faltaban por ingresar esta subvención 1.509 familias, que son las que ahora van a recibir este dinero.
En 2017, el número de peticiones de esta ayuda al catastro se desplomó hasta las 2.738. Sin embargo, estas solicitudes ni siquiera fueron resueltas porque el marco normativo que regulaba la concesión de las subvenciones era fallido.
Desde entonces, se ha estado tratando de corregir este error, pero hasta ahora no se ha dado con la clave para seguir concediendo una ayuda que sí se da en otras ciudades españolas.
«Estamos trabajando con otras convocatorias de otros ayuntamientos y vamos a intentar buscar una convocatoria que sea ágil y rápida», expuso Vargas, «tenemos que hacer una consulta jurídica porque nos dicen que se puede hacer con carácter retroactivo. Si así fuera, lo haríamos».
El gobierno municipal no ha querido renunciar al IBI social porque considera que afectaría a su discurso de que bajo su mandato «nadie se queda atrás», pero lo cierto es que la partida se ha reducido a los 500.000 euros anuales y, además, no ha podido sacar adelante las convocatorias de 2018, 2019, 2020, 2021 ni 2022.
«Sigue siendo una gran medida y vamos a seguir apostando por buscar una solución ágil para que llegue a las cuentas corrientes de las familias más vulnerables», insistió la concejala de Servicios Sociales, «vamos a hacerlo con garantías, los expedientes no pueden dar saltos, es la dinámica del procedimiento administrativo para que se pueda abonar con rigor».
Desde la oposición, en cambio, se entiende que el IBI social es un ejemplo de la mala gestión municipal y de que los esfuerzos del grupo de gobierno se quedan en apariencias. Así, el concejal del PP Víctor Moreno lamentó que «este tema, que nació como una gran medida, haya resultado ser un fiasco».
El edil apuntó que «con las necesidades que hay en esta ciudad, es una pena que esta medida, que va dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas, no pueda dar sus frutos, no está nada bien jugar con juegos de artificio ni crear falsas expectativas a los ciudadanos».
Su compañera Pepa Luzardo hizo un ruego para que Las Palmas de Gran Canaria «copie» la ordenanza de Granada, que convocó la ayuda de este año sin problemas.
Por su lado, el viceportavoz de CC, David Suárez, también calificó de «fracaso» la propuesta del IBI social. El edil inquirió sobre la fórmula para articular las bases de una nueva convocatoria.
