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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acometerá una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que incluirá la posibilidad de que la ciudadanía y los comerciantes se beneficien de una bonificación en el recibo del catastro cuando su vida y negocios habituales se vean perjudicados de manera notable por la ejecución de obras públicas.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, anunció este miércoles que, dentro del marco de revisión del cuadro impositivo de la ciudad, se planteará un cambio de la normativa del IBI para aliviar los perjuicios que causen obras que se eternizan en el tiempo, como es el caso de la que se está acometiendo en la calle Fernando Guanarteme.
La nueva realidad tributaria municipal se aplicará a partir del 1 de enero de 2025, momento en que se introducirá también la nueva tasa de basura que la ciudad, como el resto de municipios españoles, tiene que aplicar por mandato europeo.
Spínola adelantó la intención del gobierno municipal a raíz de una iniciativa que propuso la concejala del Partido Popular Olga Palacios para bonificar el IBI a los comerciantes de Fernando Guanarteme afectados por la obra del tramo cuarto, entre Pelayo y Churruca. Estos trabajos, que consisten en la ampliación de aceras de la calle, llevan meses parados, de ahí que el Ayuntamiento haya iniciado un procedimiento de resolución de contrato que no permitirá retomar la obra hasta después del verano.
El concejal de Hacienda aseguró que la bonificación del IBI propuesta por el PP «no es rigurosa» porque ni la normativa legal ni la ordenanza en vigor permiten establecer exenciones por un motivo como la afección por las obras.
En ese momento es cuando Spínola anunció el cambio de la ordenanza del catastro. «Vamos a plantear una modificación de la ordenanza del IBI porque entendemos que es de justicia producir bonificaciones cuando se producen situaciones como la de Fernando Guanarteme, pero eso es para futuro, no para ahora«, expuso.
El edil se mostró crítico con la iniciativa del Partido Popular en este asunto. «Vender la moto es ir por Fernando Guanarteme y decirles a los comerciantes que el gobierno no está preocupado», indicó, «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce el problema y lo solucionará cuando cambie la ordenanza, no solo para Fernando Guanarteme sino para situaciones similares, pero no hay soluciones inmediatas, las normas hay que cumplirlas».
Por este mismo motivo, también desechó la posibilidad de bonificar, de forma automática, la tasa del vado, como solicitaba el Partido Popular, para quienes no pudieran acceder a sus garajes como consecuencia de la obra de Fernando Guanarteme. «Tampoco está prevista en la normativa», expuso el responsable municipal de Hacienda, «pero aquellas personas que o puedan acceder con el vado por las obras a su garaje pueden solicitar al ayuntamiento que se les devuelva el importe y el ayuntamiento lo hará, está más que justificado».
Por otro lado, Spínola también anunció que el Ayuntamiento trabaja en aplicar la declaración de emergencia de la obra de Fernando Guanarteme «para garantizar la seguridad y la accesibilidad». Se quiere acortar los plazos así para aliviar las molestias vecinales. Además, recordó que los retrasos en la ejecución del proyecto de ampliación de aceras están «motivados por la contrata».
La respuesta del grupo de gobierno no satisfizo a la concejala popular Olga Palacios, quien considera que se podría aplicar un cambio de urgencia de la normativa para beneficiar a los comerciantes de la calle Fernando Guanarteme.
«Está justificada (la bonificación) por las circunstancias, pues la obra está creando gravísimos perjuicios tanto a comerciantes como a vecinos, quienes se han quejado de la planificación de la obra», expuso, «esta gente necesita que haya una acción ante su problema».
Para ella, parte de la responsabilidad en los retrasos que ha acumulado la obra de ampliación de aceras de Fernando Guanarteme debe encontrarse en una mala gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la escasa inspección que se hace. «Geursa (la sociedad municipal de gestión urbanística) solo tiene tres personas para el control de la cantidad ingente de obras que hay en la ciudad», denunció Palacios, «llegar al último mes para ver que solo se había ejecutado un 23% de los trabajos responde a una falta de gestión».
Por su lado, la concejala de Vox Carmen Rosa Expósito también hizo hincapié en que «la mala gestión de la administración ha causado retrasos en las obras y un daño patrimonial en los comerciantes». Esta «negligencia» obliga, en su opinión, a compensar a los comerciantes, aunque no apoyó la propuesta del PP porque la forma que pretende aplicar en cuanto a la bonificación carece de respaldo normativo. El Ayuntamiento modificará la norma para bonificar el IBI a los vecinos perjudicados por las obras
El cambio operará en 2025 y no beneficiará a los afectados por los retrasos en Fernando Guanarteme.
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