El Ayuntamiento hará un contrainforme para dejar en 8 años el nuevo contrato de Limpieza

Por regla general, los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tienen un límite máximo de cinco años. Sin embargo, la legislación permite que, de manera excepcional, se pueda establecer una duración superior al lustro «cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y éstas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio».

En junio, el Pleno autorizó al servicio municipal de Limpieza a que se aplicara esta excepción y se ampliara el periodo de vigencia del contrato en base a un informe económico que justificaba que para el interés general era mejor entregar el servicio durante ocho años que durante cinco.

Sin embargo, en agosto, la Intervención General respondió con un análisis que echaba por tierra las razones dadas por Limpieza para proceder a ampliar el contrato. De acuerdo a sus análisis, puesto que las amortizaciones solo alcanzaban el 12,37% del coste de la prestación del servicio (que estaba valorado en 138 millones de euros por los ocho años de duración de la concesión indirecta), la justificación de que las amortizaciones eran relevantes debía ser desechada y, por tanto, la autorización para ampliar el contrato a ocho años carecía de validez.

«No se puede considerar un coste relevante de la prestación de dicho servicio, por lo que no se ajusta a la normativa señalada la duración del expediente de contratación a ocho años», advertía la interventora adjunta.

El órgano de fiscalización demandó «un estudio económico donde se justifique el importe y detalle pormenorizado de los importes de cada coste de los bienes, materiales y mano de obra, y su imputación anual en concepto de amortización, así como el incremento de los costes por mayores servicios».

Y eso es en lo que está trabajando ahora el órgano de Limpieza. «Las cuestiones apuntadas por Intervención serán aclaradas», explicaron desde el Consistorio capitalino. Las mismas fuentes, que trasladaron la opinión de la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, aseguraron que rebajar el contrato a cinco años haría que el servicio se resintiera y reduciría el personal que necesita la ciudad.

El informe de Intervención es preceptivo y sin su visto bueno, el procedimiento de licitación no puede prosperar.

Pero desde el grupo de gobierno se resta importancia a las trabajas puestas por el órgano fiscalizador. «Es una situación normal que ocurre en otros pliegos», explicaron desde el Consistorio capitalino. E insistieron en que la intención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es mantener el rumbo de los ocho años para este macrocontrato.

Respecto a las razones por las que el informe de la Intervención General no se adjuntó al expediente que fue sometido a votación en junio, desde el grupo de gobierno se explicó que primero había que pedir autorización al Pleno para permitir ir trabajando en el pliego del contrato con una duración de ocho años.

Sin embargo, el Partido Popular ha solicitado ya la declaración de nulidad del acuerdo plenario «en salvaguarda de los intereses municipales y el estricto cumplimiento de la legalidad», pues considera que las advertencias de la Intervención General deben paralizar el procedimiento.