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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión de una obra de construcción de 74 viviendas en Tamaraceite que adjudicó Geursa, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, y que podría tener consecuencias en el ámbito judicial.
El consistorio capitalino ha dado traslado al Ministerio Fiscal de unos supuestos hechos detectados por el órgano de control normativo de Geursa relacionado con la presunta realización de cambios en el proyecto sin la aprobación previa de los modificados exigibles en caso de variación.
Según pudo saber este periódico, el origen de las supuestas irregularidades podría estar en un error de cálculo de las estructuras del edificio, así como de su cimentación y de la cantidad de hormigón que se necesita para levantarlo en condiciones de seguridad.
Aunque la variación de costes que supone el modificado no es muy costosa (no llegaría al10% del presupuesto de adjudicación), el hecho de que se hayan ido haciendo cambios sin la aprobación reglamentaria previa del modificado es lo que ha hecho encender las alarmas en el seno de Geursa.
Según los datos que han trascendido hasta ahora, la empresa constructora advirtió de que había problemas en los cálculos de la estructura y de la cimentación. Esto hizo que se realizaran hasta dos cálculos diferentes de las necesidades de obra, hasta el punto de que las unidades de obra que se echaban en falta rondarían entre los 200.000 y los 300.000 euros.
Pese a las dudas sobre la seguridad de la construcción sin la realización de los cambios propuestos, supuestamente algunos técnicos municipales firmaron certificaciones que no se ajustaban a las previsiones aprobadas. Lo que se desconoce es si estas certificaciones se corresponden con el proyecto inicial o han incluido los cambios necesarios para garantizar la estabilidad del inmueble pese a que el modificado no ha sido aprobado.
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Consejo de Administración de Geursa, Mauricio Roque, dio cuenta este miércoles al Consejo de esta información, fruto de la incorporación al funcionamiento cotidiano de la sociedad de un proceso de 'compliance' que tiene como finalidad evitar riesgos derivados de actuaciones no sujetas a las normativas establecidas además de garantizar su buen funcionamiento.
Mauricio Roque compareció luego ante los medios para explicar la decisión adoptada, pero no ofreció ningún detalle de la actuación, más allá de que la denuncia llegó al órgano de cumplimiento normativo en el transcurso de un proceso formativo del personal de Geursa.
El conocimiento de estos hechos provocó el inicio de un expediente, a fines del pasado año, que culmina ahora con el traslado de los hechos a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de delito o falta. «El propio proceso de cumplimiento nos ordena que debemos suspender el proceso iniciado y poner las evidencias encontradas en manos del fiscal correspondiente, de modo que será el propio fiscal y no nosotros quien determine si esas actuaciones pueden incurrir o no en algún delito», detalló.
El traslado de estos hechos a la Fiscalía no tiene nada que ver con el caso Valka, que en estos momentos trata de esclarecer si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta con ramificaciones en las áreas urbanística -con epicentro en Gerusa- y de Parques y Jardines.
En el caso del área de Urbanismo, el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria revisa si en Geursa hubo presuntas presiones para sacar adelante obras en contra de los criterios de los técnicos de la empresa, quienes eran renuentes a dar el visto bueno final bien porque los trabajos no estaban terminados, bien porque las certificaciones incluían actuaciones no realizadas, bien porque las bajas económicas presentadas por alguna adjudicataria eran injustificables.
El edil de Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entiende que la denuncia presentada este miércoles no debe suponer una paralización de la obra de las 74 viviendas para alquiler social de Tamaraceite Sur. Este proyecto fue adjudicado a la empresa Construplan por un importe de 8,54 millones de euros en junio de 2023, si bien las obras no se iniciaron hasta diciembre de ese año.
Este bloque de pisos forma parte del parque de viviendas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsa para conseguir el objetivo de construir un millar de hogares en la capital.
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