La Audiencia desestima el recurso de Ramírez, que será juzgado por el presunto fraude de SIC
Tribunales ·
La resolución, que tuvo como ponente a la magistrada Oscarina Naranjo García, desestima los motivos que planteó el empresario pidiendo la nulidad del procedimiento
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de las Palmas ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación legal del empresario Miguel Ángel Ramírez contra el auto del Juzgado de Instrucción número 8 que acordó la apertura del procedimiento abreviado por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La resolución, que tuvo como ponente a la magistrada Oscarina Naranjo García, desestima los motivos que planteó el empresario pidiendo la nulidad del procedimiento, por lo que tanto Miguel Ángel Ramírez como Héctor de Armas serán juzgados por haber defraudado, presuntamente, hasta 37 millones de euros al erario público entre 2010 y 2013, todo ello dietas el abono de las horas extraordinarias de sus empleados de Seguridad Integral Canaria. La Seguridad Social cifró en 13,74 millones de euros el quebranto que le ocasionó esa práctica, mientras que la Agencia Tributaria calcula en 6,57 millones el dinero que se le dejó de abonar.
El auto se pronuncia de forma desfavorable sobre la petición de prescripción de los delitos planteada por la defensa de Ramírez. También detalla esta resolución que el cambio de administrador argumentado por el empresario es meramente formal y puede ser juzgado como administrador de hecho de Seguridad Integral Canaria.
Hay que recordar que en este procedimiento, la Fiscalía Provincial de Las Palmas elevó un escrito de acusación contra Ramírez y De Armas en el que pidió 21 años y seis meses de prisión para el primero y 14 para el segundo por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública consumados, presuntamente y según esta parte, cuando eran administradores de la compañía Seguridad Integral Canaria. Además, pidió multas que ascienden a 105,4 millones de euros para Ramírez y 79,3 en el caso de De Armas por dichos delitos, cometidos supuestamente desde el año 2009 hasta 2017. En concepto de responsabilidad civil, la fiscal delegada de delitos económicos, Evangelina Ríos, entendió en su escrito que deben abonar sumas que ascienden a más de 36 millones de euros a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Ahora solo falta que el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria resuelva el recurso de reforma planteado por Ramírez sobre la denegación de la fianza que depositó utilizando las acciones de la UD Las Palmas propiedad de la mercantil Trade Sport, de la que es propietario, aunque este trámite no interrumpe el envío del procedimiento a la Audiencia Provincial para que sea señalado.
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