Las asociaciones de jueces y fiscales se preparan para el paro del 11 de junio
Entienden que las reformas comprometen la defensa de la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal
El próximo 11 de junio, a las 11.00 horas, cinco asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales en España -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- han convocado un paro simbólico de diez minutos frente a las sedes judiciales de todo el país, entra las que se encuentran las de Canarias. Esta acción busca manifestar su rechazo a las reformas legislativas propuestas por el Gobierno, que, según estas asociaciones, comprometen la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.
Las asociaciones firmantes han expresado su preocupación por el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Consideran que estas reformas incrementan el riesgo de politización de la Justicia y debilitan los principios fundamentales del Estado de Derecho. Además, critican que el anteproyecto de ley que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal supone una oportunidad perdida para garantizar una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de presuntas injerencias políticas.
No se han adherido a estas protestas las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
De forma anticipada al paro del 11 de junio, las asociaciones han programado una serie de reuniones institucionales entre el 3 y el 9 de junio. Estos encuentros incluyen diálogos con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el del Consejo General de Procuradores, la presidenta de la Asociación de Abogados del Estado, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y el Consejo General de Graduados Sociales.
Además, han intensificado los contactos con los grupos parlamentarios tanto del Congreso como del Senado, con el objetivo de trasladar directamente su posición y reiterar, según los convocantes, la necesidad de retirar los proyectos de reforma en curso, abriendo un proceso participativo, riguroso y transparente que aborde de forma real y efectiva los retos estructurales de la justicia. A nivel internacional, las asociaciones han activado la vía europea, remitiendo comunicaciones formales junto a informes técnicos a organismos como Greco, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, solicitando una evaluación del impacto de las reformas sobre la independencia judicial y la separación de poderes.
Las asociaciones reiteran su pleno compromiso con la «defensa de la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal», y mantienen su disposición al diálogo con el Ministerio de Justicia y las formaciones parlamentarias. Sin embargo, no descartan la adopción de nuevas medidas colectivas, incluida expresamente la convocatoria de huelga, si resultaran necesarias para la consecución de estos fines.
Esta movilización, sin precedentes recientes en el ámbito judicial y fiscal, subraya la gravedad con la que la carrera judicial y fiscal percibe estas reformas legislativas y su potencial impacto sobre el Estado de Derecho.
