Archivan la causa contra un policía que fue relacionado con narcos

El agente, que pertenecía a la Policía Científica en la capital grancanaria, fue detenido el 4 de mayo después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna diera por válida la tesis planteada por los investigadores de la Udyco y el Grupo VI Asuntos Internos de que era el presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, de manera continuada y en el marco de una organización criminal dedicada al hachís y la cocaína. Según argumentaron los investigadores, este policía se habría valido de su puesto para dar protección, cobertura, información y asesoramiento a los supuestos narcos, todo ello en acto de servicio.

Se basó el informe inicial que dio origen a la causa en un viaje de ocio que el policía realizó con un grupo de amigos entre los cuales estaba alguien que también fue detenido. Al parecer, éste último aprovechó para reunirse con cuatro colombianos, sin aparente relación con el encausado y que no fueron investigados.

También expusieron los investigadores que el agente conseguía pescado para compañeros y amigos y cuando hablaba de kilos de mercancía en los pinchazos telefónicos, en realidad lo hacía en referencia a ese alimento.

Por último, se le vinculó con una investigación criminal en la que incautaron cerca de 400.000 euros, pero no se acreditó que hubiera participado en ella, al igual que unas búsquedas que realizó el agente en la base de datos policial que relacionaron con la trama, sin que finalmente pudiera probarse que fue de esa forma.

Estos datos que propiciaron su detención, finalmente fueron desestimados por la Fiscalía que interesó el archivo de la causa por los delitos de revelación de secretos y cohecho por los que solo pudo ser investigado en la fase final del procedimiento.

También se quejó el encausado de que fue detenido por Asuntos Internos delante de la puerta del colegio cuando fue a llevar a su hijo de cinco años y ante la presencia de decenas de personas que sabían de su condición de Policía Nacional.

Cuando fue capturado, fue el único que declaró tanto en sede policial como en la judicial y, por contra, los investigadores no le hicieron una investigación patrimonial, como así ocurrió con el resto de encausados.

El agente estuvo un año y 18 días como preso preventivo entre los penales de Salto del Negro y Estremera y, en el centro grancanario, alegó haber sufrido torturas por parte de varios funcionarios. Solo pudo salir tras abonar una fianza de 30.000 euros. Estos hechos fueron archivados, pero ahora el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite su recurso de amparo.

Ahora, después de que el abogado Ricardo Álvarez-Ossorio haya conseguido que la Justicia archive la causa definitivamente en colaboración con los letrados Miguel Ángel Pérez Diepa, Soraya Castellano y José Ramón Babío, el agente tendrá que ser reincorporado a la disciplina de la Policía Nacional.