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El empresario ruso Vladimir Kokorev, investigado por blanqueo de capitales. Arcadio suárez
Anticorrupción cifra en 109 millones el dinero supuestamente blanqueado por los Kokorev

Anticorrupción cifra en 109 millones el dinero supuestamente blanqueado por los Kokorev

tribunales ·

El fiscal Ródenas emite un informe en el que detalla que el clan ruso blanqueó dinero proveniente del negocio ilegal de armas con Guinea Ecuatorial

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 17 de abril 2021

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La Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha estimado en 109 millones de euros la cantidad presuntamente blanqueada por el clan Kokorev formado por el padre Vladimir, su esposa Julia Maleeva y el hijo de ambos Igor Kokorev, dinero logrado gracias a la supuesta contratación clandestina y corrupta con sobrecoste y sobrefacturación de armamento con el Gobierno de Guinea Ecuatorial liderado por el dictador Teodoro Obiang. Se trata de la mayor causa por blanqueo de capitales iniciada en Canarias y, tras el informe emitido por el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas y ratificado por la acusación popular, las partes están pendientes de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dicte el auto de procedimiento abreviado tras doce años de instrucción que se vio impulsada de forma decidida en los últimos meses.

El fiscal Anticorrupción plantea en su informe -incorporado al procedimiento el 10 de febrero de este año- la tesis de que el clan Kokorev cometió un presunto delito de blanqueo de capitales ya que convertían en legal el montante que obtenían de forma ilícita con la ejecución de contratos corruptos con sobrecoste y sobrefacturación girados a los fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial mediante el comercio ilegal de armamento: helicópteros de combate, blindados, patrulleras, corbetas, fragatas, aviones caza y bombarderos, cohetes Igla y bombas de fragmentación.

Disfrazaban el verdadero concepto de la transacción con Guinea Ecuatorial utilizando la cobertura de títulos jurídicos legales

Esta trama la ejecutaban presuntamente utilizando las empresas Kalunga Company SA durante el periodo de tiempo comprendido entre 1999 a 2005, Intracoastal Trading Services SA y SJ Marine Company LTD desde 2005 a 2011 y Volgen Trading de 2009 a 2011.

Estas conclusiones nacen de la instrucción policial llevada a cabo por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial, que incautó en los registros practicados a la familia Kokorev, abundante material informático donde se hallaban presuntamente todas las negociaciones clandestinas llevadas por Vladimir y sus testaferros con los generales y mandatarios de Guinea Ecuatorial.

El dato

  • 180 tomos en doce años de investigación El caso Kokorev ha acumulado en diez años 180 tomos de actuaciones y un terabyte de material informático intervenido para destapar un entramado de más de 45 sociedades que generaron ingresos de 600 millones de euros. Esta operación se llevó a cabo gracias a la intensa cooperación internacional entre Anticorrupción y Suiza, Ucrania, Lituania, Dinamarca, Bulgaria, Panamá, EE UU y España, ya que actuaron en bancos de la capital grancanaria. Hasta el momento han embargados a los Kokorev inmuebles y dinero de cuentas en Suiza por importe de más de 70 millones. La cooperación entre la EAT Canarias, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Policía Nacional, grupo Udyco ha sido vital.

A raíz de esas pesquisas, la autoridad judicial de Dinamarca respondió a una comisión rogatoria internacional impulsada por la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Anticorrupción y entregó la operativa bancaria de la entidad Nordea Bank, que era donde las empresas Intracoastal Trading Services SA y SJ Marine Company LTD tenían abiertas las cuentas indicadas en los contratos que celebraban con los generales de Guinea Ecuatorial. Las transferencias se realizaban al entramado societario con operativa bancaria en la entidad danesa Nordea Bank y partían de las empresas radicadas en paraísos fiscales SJ Marine Company LTD (Seychelles) e Intracoastal Trading Services SA (Panamá).

En importe transferido por el Tesoro Público de Malabo al clan Kokorev ascendió a una cantidad no inferior de 450 millones, según Anticorrupción. Esta familia rusa acumuló un patrimonio inmobiliario, entre 1999 a 2015, cuyo valor asciende a los 70 millones de euros.

El dictador Teodoro Obiang y su esposa. C7

Usaron un sofisticado entramado societario

El sofisticado entramado societario integrado por los tres grupos de sociedades se diseñó, a juicio de Anticorrupción, para conseguir que los Kokorev obtuvieran un título jurídico, aparentemente legal, sobre los bienes procedentes de la actividad ilícita previa obtenida por la ejecución de contratos con sobrecoste girado a los fondos públicos de Guinea Ecuatorial en materia de compraventa de buques y en el comercio legal de material de defensa y doble uso.

Esta musculatura societaria articulada para lavar dinero quedó distribuido en cinco territorios de distinta jurisdicción fiscal: España, República de Panamá, Antillas Holandesas, Seychelles y Delaware. El diseño criminal ideado y ejecutado por el clan Kokorev, no se limitó al disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles 'salida', para posibilitar de modo indirecto ese disfrute, sino que, además, Vladimir actuó como el eslabón necesario dentro de una red internacional con vínculos criminales dedicados al presunto tráfico corrupto entre estados de armamento.

La técnica para lavar el dinero ilegal procedente de la venta de armamento a Guinea Ecuatorial durante 13 años era siempre la misma y primero disfrazaban el verdadero concepto de la transacción financiera a celebrar con Guinea Ecuatorial, utilizando para ello la cobertura de venta de yates, barcos o adquisición de material diplomático -un título jurídico aparentemente legal-.

Los acusados, según el informe de Anticorrupción, jamás facilitaron a las entidades financieras donde aperturaron las cuentas receptoras de los pagos millonarios de Guinea Ecuatorial, que el ingreso del dinero obedecía a la compra de armamento. Al contrario, eliminaron cualquier referencia militar en los conceptos bancarios al ser conscientes de que su tráfico y comercio era ilegal para evitar las alertas antiblanqueo.

Además, no solo le ocultaban la verdadera naturaleza militar y supuestamente corrupta del origen del dinero que se iba a recibir a entidades como Credit Suisse AG. Es que, según la tesis planteada por la Fiscalía, la información que se daba a dichas entidades a las que se traspasaba el dinero también era inveraz. Esto ocurrió, por ejemplo, con las supuestas ventas ficticias de los buques 'Río Utamboni', 'Río Kie' y 'Río Ekuku', que fueron ideadas para traspasar dinero desde las cuentas receptoras del pago del comercio corrupto de armamento del banco danés Nordea Bank, a las cuentas suizas de los Kokorev en el Credit Suisse, tituladas por la empresa panameña Garmin Trading Inc, cuyos beneficiarios últimos eran Vladimir, Igor Kokorev y Julia Maleeva.

El dinero con origen ilícito viajaba desde las cuentas receptoras del Nordea Bank danés (SJ Marine e Intracoastal Trading Services) a España (Phase Invest, Blue Profile, Premiun Trust, Sand Beach Resort), a las Antillas Holandesas (Kuralee Holding y Prelag Holding), a Suiza (Garmin Trading, Xing Holding y Codes Holding) y a EE UU (Karass Development y Karass Mulberry). Una vez introducido en el tráfico económico legal ocultos como ventas de barcos, préstamos intersocietarios, autocontrataciones, contratos de consultoría y asistencia técnica, asesoramiento de marketing o compraventa de acciones, el dinero se convertía en propiedades inmobiliarias.

Vladimir e Igor Kokorev y Julia Maleeva ejecutaron una amplia tipología de operaciones mercantiles y societarias para mover el dinero negro de una empresa a otra bajo un sofisticado traje jurídico que no pasaba de ser una mera formulación en papel, sin contenido real. Daban entrada en su circuito legal a los fondos ilícitos generados en la ejecución de los contratos de compraventa de armamento con sobrecoste.

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