Alcaravaneras abre el camino a las zonas de bajas emisiones

Así, a diferencia de ciudades como Madrid o Barcelona, con un centro definido en el que se actúa y se establecen restricciones de acceso a los vehículos más contaminantes, y que puede ver ampliado su perímetro, en la urbe más poblada del archipiélago la creación de estas áreas libres de emisiones se hará por barrios.

«Esta es una ciudad multicéntrica, aquí tenemos Vegueta-Triana, el Puerto, la zona del Auditorio, Siete Palmas... Esta es una ciudad con muchos centros en donde se hace difícil actuar como se hace en otras ciudades», explica el concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez.

Por eso, añade, «la decisión que hemos tomado es ir liberando barrios, convirtiéndolos en zonas de bajas emisiones». Apunta que «vamos a empezar por Alcaravaneras» pero «ya está trabajándose el proyecto de Guanarteme, en el entorno de Las Canteras», y a continuación se procederá a hacer lo propio en «Arenales, La Isleta y Schamann, barrios que por su configuración pueden ser susceptibles de convertirse en ZBE», aunque aún está por definir el orden en el que se actuará.

Ramírez confirma que «la idea es coger determinados barrios muy residenciales y convertirlos en ZBE para que accedan los vecinos, los servicios públicos y, tal como dice la norma, los vehículos 0 emisiones o ECO». El objetivo es convertir esos núcleos en «habitables para sus vecinos, que la gente pueda disfrutar más de la calle, etcétera.».

Avanza que la capital podría estrenar su primera zona con emisiones limitadas «en el primer semestre del año» y que la decisión de que Alcaravaneras sea «piedra de toque» para iniciar un camino al que se van a ir sumando otros núcleos responde a que «ya teníamos elaborado un proyecto de minimanzanas» para ese entorno, que «hemos reconvertido en una ZBE porque el concepto es muy similar».

Comenta que es un modelo que se va a replicar en otros núcleos, más allá de los que ya están en cartera, y confía en que independientemente de quién esté en el gobierno local, «se continúe con esta política» que implica «dejar las vías troncales» para el conjunto del tráfico rodado y «liberar» los «barrios por los que no es necesario pasar salvo que vayas al mismo».

Apunta que el decreto estatal «exige» contar con al menos una ZBE, la ciudad aspira «a tener más, porque compartimos esta propuesta».

En cuanto a la puesta en marcha de estas zonas, señala que una vez que ya se dispone del referido texto, «que es el instrumento jurídico que ampara todas las decisiones que vayamos a tomar», ya «sabemos exactamente lo que hay que hacer».

José Eduardo Ramírez indica que «teníamos bastante avanzado» este primer proyecto en Alcaravaneras, que únicamente «hay que adaptar a determinadas cuestiones que plantea el decreto», y que su implantación se sustenta en «cuatro patas».

Así, expone que la primera de ellas «es el proceso participativo» porque «el decreto obliga» a llevarlo a cabo «con los vecinos de las zonas afectadas», lo que constituye «una novedad».

«Lo intentaremos hacer a lo largo de este mes de enero y de febrero», anuncia sobre una iniciativa que consistirá en contar a los residentes «cuáles son nuestras propuestas y recoger sus aportaciones para poder adaptar el proyecto a las necesidades del barrio».

La segunda parte del proceso se centra en la «señalización», que implica definir «cómo va a quedar la configuración del barrio, las direcciones de las calles, dónde se va a poder aparcar y dónde no, dónde van a estar los cargas y descargas, etcétera.».

Ramírez asegura que este apartado que dibuja «cómo va a quedar el barrio internamente ya prácticamente lo tenemos cerrado, a falta de perfilar lo que nos dice el decreto». Pero señala que esa «implementación» es «relativamente fácil y rápida, porque al final son señales y pintura». Algo que ve factible acometer «a lo largo de marzo o abril».

La tecnología centra la «tercera de las patas» a las que alude el concejal de Movilidad. Apunta que a esta fase, «que le hemos encargado a Sagulpa» e «implementaremos antes de que acabe el primer semestre del año», corresponden «los sistemas de control de acceso» de vehículos.

Esto se hará «a través de cámaras» que se instalarán «en los accesos al barrio», en vías «que están por definir», e irán «controlando las matrículas, igual que pasa en los aparcamientos públicos». Los residentes previamente se tendrán que dar de alta en un registro, «algo que ya se hace en Mesa y López».

Además, la transformación de Alcaravaneras en ZBE lleva aparejada una reducción del estacionamiento en un número aún en estudio. «Entrar a buscar aparcamiento es justo lo que se quiere evitar con las ZBE», apunta el edil. Por eso se van a eliminar plazas y «se va a priorizar el aparcamiento de los residentes».

Pero el decreto estatal, además de restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos también exige la fiscalización de «emisiones» con el fin de que «saber la evolución y si efectivamente las medidas que se toman tienen un impacto positivo», remarca Ramírez.

De igual modo, se exige medir «el ruido». Para atender este aspecto se van a instalar «sensores» en algunos parquímetros, lo que permitirá «medir ruidos y contaminación» y ampliar ese control a toda la ciudad.

La «cuarta pata es la normativa», apunta el concejal en alusión a la condición que impone el decreto de que «todos los municipios tengan que contar con una ordenanza que regule sus ZBE». Dice que se trata de la parte «más lenta» por lo que implica su tramitación, pero confía en que «esté antes de que acabe el año». Recuerda que es imprescindible para poder sancionar a quienes no cumplan con las exigencias de acceso a las ZBE.

En Canarias hay nueve ciudades afectadas por el decreto de las ZBE. Así, en Gran Canaria además de la capital figuran: Telde, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. En Tenerife: Santa Cruz, La Laguna, Arona y Granadilla. A ellas se suma Arrecife, en Lanzarote.

Aunque el edil de Movilidad reconoce que no maneja las cifras de los vehículos que pueden verse afectados por el decreto en la urbe capitalina, hay estudios como el de Sumauto que señalan que existen 61.663 con más de 20 años, lo que se traduce en un 34% del parque móvil.

Ramírez considera que la ciudad tienen «gran parte de los deberes hechos», pues «llevamos ocho años trabajando ya en muchas de las cosas que se plantean en el decreto». Y pone a modo de ejemplo la directriz de «favorecer la movilidad peatonal», algo que las encuestas revelan que ha sucedido en la capital, que ha pasado de registrar un 70% de población que se movía en vehículo privado para sus desplazamientos en 2011 al 49% de 2022.

Asimismo, expone que también cumple con el requerimiento de «favorecer el transporte público», a lo que se suma «el proyecto de la MetroGuagua» que entiende reúne «muchos de los requisitos» del texto estatal «porque además de favorecer el transporte público no emite emisiones» y el de «favorecer la movilidad sostenible», aspecto que dice se atiende con la creación de los carriles bici, la Sítycleta y la próxima entrada del servicio de Sítyneta.