«O me suicido o mato a esas dos personas, a la juez y expareja, es fuerte el deseo de venganza que tengo, me hicieron mucho daño... Antes de suicidarme me voy a cargar a esas dos personas, seguro. Lo más seguro es que mate a esas dos personas, lo necesito». Este es un extracto de la llamada que realizó Domingo D. M. el 3 de agosto de 2011 al teléfono de urgencias 112 y en la que expresaba su firme deseo de acabar con la vida de la magistrada María Auxiliadora Díaz y también la de su expareja sentimental. Unas frases que, entre otras tantas amenazas, merece que sea condenado -según el escrito de la Fiscalía- a una pena de cinco meses y 29 días de prisión, su internamiento en un centro psiquiátrico durante dos años y la prohibición de acercarse a la jueza a menos de 100 kilómetros y comunicarse con ella y sus familiares durante cinco.
El Ministerio Público describe que Domingo D. M., a pesar de que sufre una patología mental caracterizada por la presencia de ideas delirantes que merma sus capacidades cognitivas, es reincidente en el delito de amenazas. Este individuo fue condenado por el mismo tipo penal en dos ocasiones anteriores pero respecto a la que era su pareja sentimental en sendos procedimientos que fueron instruidos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria del que es titular María Auxiliadora Díaz. Por ello la «animadversión» que tenía el acusado contra la jueza a la que intimidó de tal forma que sufrió «un estado de temor y angustia por su propia integridad física», determina el fiscal en su escrito.
Cuando Díaz denunció estos hechos, la Policía Nacional hizo una entrada y registro en el domicilio del investigado en Telde. La misma se produjo el 13 de octubre de 2020 y los encontraron bridas de gran tamaño como para maniatar a una persona y manuscritos en los que ponía de manifiesto la ideación y preparación del posible asesinato de su exmujer y María Auxiliadora Díaz. Mencionó, de forma textual, las siguientes expresiones: «Armas, venenos, fuego, sedantes, spray pimienta de largo alcance, cuchillo afilado, golpear en la cabeza hasta dejar sin conocimiento, bridas gemelas de plástico, amarrarla de pies y manos, un cuchillo afilado mediano de cortar cabeza, sedantes como el Rophinol, martillo pedrero de golpear la cabeza hasta dejar sin conocimiento, jeringuilla, fuego (quemar), mechero, gasolina (cuando la necesite)», además de menciones a «un sicario» y manifestaciones relacionadas con «contratar un sicario para dormirlas sin que se sepa lo que les voy a hacer sino que crea que es para hacerme fotos», «no decirle al sicario la verdad de lo que voy a hacerle sino que quiera solo que las duerman para yo hacerles fotos con ellas dormidas», y «si sale mal, lo único de lo que puedan acusarme es de querer hacerme fotos con ellas dormidas». También, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial encontró soportes informáticos en los que guardaba decenas de imágenes de la jueza e incluso archivos de pornografía infantil.
En un registro anterior en el marco del procedimiento por el que fue condenado por amenazar a su ex, la policía halló en su casa bolsas con sangre contagiada con el virus del SIDA, botes con diferentes tipos de vello púbico, recortes de periódico en los que se hablaba de violencia de género y veneno de pez globo.
El fiscal detalla que, además, el acusado emprendió una cruzada contra la magistrada e inundó sus perfiles de Facebook y Twitter con decenas de mensajes valoraciones negativas sobre ella, fotografías suyas y otros comentarios intimidatorios con la intención de ocasionarle un «grave perjuicio en venganza de su actuación profesional como jueza» aludiendo que le iba a «hacerle una visita», «devolverle el regalo que me diste», «te lo devolveré en la calle», añadiendo imágenes del Conde de Montecristo, una historia de venganza por un encarcelamiento injusto.
Este procedimiento está pendiente de señalamiento.
La acusación particular pide un año de cárcel
Por su parte, el letrado de la acusación particular solicitó la imposición de un año de prisión para Domingo D. M., en vez de los cinco meses y 29 días que interesó el fiscal. De resto, esta parte también considera que el acusado debe de estar dos años interno en un centro psiquiátrico, no se puede acercar a la magistrada a menos de 100 kilómetros, es decir, no podría residir en Gran Canaria, y otro alejamiento y prohibición de comunicación durante diez como parte de la libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena.
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