Terrenos del barranco de El Veril adquiridos por Loro Parque para crear un parque acuático. / Juan Carlos Alonso

La Justicia archiva una denuncia de Turcón contra Aguas por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 5 no ve indicios de inactividad ni omisión tras los oficios del Estado sobre el cauce del barranco de El Veril

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha sobreseído «al no existir indicios de que los hechos imputados sean constitutivos de infracción penal» las actuaciones abiertas por una denuncia del colectivo ecologista Turcón contra el Consejo Insular de Aguas (CIA) y su presidente, el consejero Miguel Hidalgo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la concesión otorgada a Loro Parque SA para ocupar terrenos de dominio publico hidráulico del cauce del barranco de El Veril para la construcción de un parque acuático de ocio.

La resolución del auto judicial, contra la que cabe recurso de reforma y/o subsidiario de apelación, descarta un delito de prevaricación administrativa en la actuación del CIA tras recibir de la Dirección General de Patrimonio del Estado, en enero de 2019, un oficio en el que le instaba, entre otras actuaciones relacionadas con el dominio público hidráulico de El Veril, a iniciar los trámites para la desafección y posterior entrega a la Administración del Estado de los aprovechamientos urbanísticos generados por esos terrenos.

Ese oficio de la Administración central al CIA sobre terrenos incluidos en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril se reiteró en los meses de marzo y octubre de 2019 a través del Delegado de Economía y Hacienda de Canarias -quien también envió una comunicación al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana- solicitando que pusiera termino a la doble inmatriculación de esos terrenos del municipio sureño, registrados a la vez por el Estado y Loro Parque.

Turcón sostenía en su denuncia que había existido «inactividad» del CIA ante los oficios del Estado y la relacionaba con la «notoria postura contraria» del Cabildo a la reclamación de la Administración central. El presunto delito de prevaricación administrativa consistiría en obviar el requerimiento de Patrimonio del Estado e incumplir lo que estaría obligado a hacer.

Sin embargo, de las diligencias practicadas, el auto de 15 de febrero concluye que no ha existido ningún tipo de omisión por parte del CIA de lo solicitado por el Estado.

«Hay una argumentación jurídica por cada uno de las cuestiones planteadas por la Dirección General de Patrimonio, que son objeto de desglose, razonado jurídicamente» en el informe que envío en diciembre de 2019 a la Delegación de Hacienda. Y la misma contestación, agrega, fue hecha por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en diciembre de 2021.

La actuación del CIA, concluye el tribunal, «no puede ser calificada de injusta, evidente, patente, flagrante y clamorosa, arbitraria ni grosera». Por el contrario, expone, «está debidamente argumentada», por lo que «no puede predicarse que la misma sea arbitraria». Según recoge el auto, dispone de «una sólida argumentación».