El Instituto de la Vivienda intervendrá en las azoteas de 48 casas de Cuesta Caballero
Un contrato menor permitirá impermeabilizar las cubiertas tras las quejas de los inquilinos por el mal estado de los inmuebles
El Instituto Canario de la Vivienda, organismo perteneciente al Gobierno de Canarias, ha formalizado un contrato menor por 42.658,6 euros para impermeabilizar las azoteas de 48 casas de la urbanización de Cuesta Caballero, en Ingenio, cuyos inquilinos se quejaban del mal estado de los edificios.
La empresa Construcciones José Luis Quintana será la encargada del recubrimiento de la cubierta, debido a que los problemas que arrastraba provocaba humedades en los inmuebles.
Un grupo de vecinos de las 100 viviendas sociales alzó la voz semanas atrás por el estado de abandono de los bloques, que no se arreglan desde que se entregaron, a mediados de los ochenta.
De momento, no hay ninguna previsión de que se ejecute una rehabilitación integral, como sí se realizó en otros edificios contiguos que ya son de propiedad privada y no pública, para los que el Ayuntamiento de Ingenio hizo un Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) con la financiación de diferentes administraciones.
En este caso, el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, explicó hace 10 días a este periódico que, como ya no se había podido optar a fondos para rehabilitarlas debido a que en la anterior legislatura no se solicitaron, se haría un contrato menor para impermeabilizar las azoteas y otras actuaciones necesarias, que ya ha puesto en marcha al adjudicar las obras tras un proceso de contratación ordinaria.
Los residentes se quejan de muchos otros desperfectos estructurales en los bloques de viviendas, como humedades en los bajos que provocan cortocircuitos, plagas de cucarachas y de mosquitos, y de humedades en las zonas comunes y algunas viviendas, además de grietas en las paredes. También lamentan que nadie se encargue del mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de la urbanización, que albergan palmeras que nadie controla y que podrían provocar un accidente.
Por otro lado, están en pie de guerra porque el cambio de normativa les impide ahora comprar las viviendas en las que llevan viviendo décadas.
