El Gobierno sigue pendiente del informe que determina el futuro de la cementera

La comunidad autónoma, titular del muelle, debe decidir si amplía la concesión de esta infraestructura ubicada en San Bartolomé de Tirajana o la destina a lo establecido en el planeamiento insular aprobado en el año 2003, que dictamina que deberá ser de uso recreativo y no industrial.

El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, indicó este lunes que el informe -a cargo de representantes de su propio departamento así como de Turismo y Transición Ecológica- estará finalizado en estos primeros días del mes de agosto y posteriormente será abordado por el Consejo de Gobierno, órgano que tomará una decisión.

En cualquier caso, indicó que este debate no se producirá esta semana. Detalló Franquis que se han manejado tres escenarios para realizar el estudio: mantener el uso industrial de la zona, darle un uso deportivo o «uno mixto que recoja ambas actividades».

Las conclusiones determinarán si se otorga una nueva concesión a Ceisa para el uso industrial del puerto de Santa Águeda. La compañía cementera, que lleva trabajando en este lugar desde 1957, ha pedido que se le concedan otros 25 años.

Entiende la empresa que su ubicación actual está muy próxima a la cantera de la que extrae la puzolana, un componente esencial para el producto que fabrica. Si le retiran la concesión, sostiene Ceisa, la isla pagará un coste ambiental, pues lo que ahora va en barco irá en 100 camiones de media al día por la GC-1, con una producción de 3.000 toneladas de CO2 al año, y un coste económico, dado que el cemento será más caro, y con ello se encarecerá igualmente el precio de las construcciones.

Enfrente se sitúa la patronal turística, que mantiene que el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria prevé que ese muelle tenga uso deportivo y que, por tanto, no cabe que se disponga una prórroga ni una nueva concesión a Ceisa.

En principio, y aunque los empresarios sostenían que el permiso del que disfrutaba la cementera había expirado en el año 2020, la interpretación que ha prevalecido en la administración autonómica es que caduca en octubre de este 2022. La decisión está en manos del Ejecutivo.