El Gobierno de Canarias frena el Meloneras 2A por un solar que por sentencia ha de ser rústico
El Ejecutivo ultima un acuerdo extrajudicial con la propiedad que, si es ratificado por el TSJC, sí haría posible el plácet de Política Territorial
La Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias ha instado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a anular la modificación menor del Plan General de Ordenación en el ámbito del sector Meloneras 2A porque mantiene como turística una parcela que, por sentencia ya firme y derivada de los efectos de la moratoria aplicada en su día a este sector, ha de ser reclasificada como rústica. La ordenación propuesta no solo la deja como turística, sino que aumenta su edificabilidad y aprovechamiento.
Esta reclamación, adelantada por el digital Atlántico Hoy, ha supuesto un jarro de agua fría para el Ayuntamiento y para Lopesan, el promotor de esta urbanización, que vuelven a toparse con un obstáculo después de haber resuelto un litigio de casi 24 años y haber desbloqueado el desarrollo de un suelo que, entre otras actuaciones posibles, habilita cinco parcelas para hoteles de hasta siete plantas y canalizará una inversión de más de 700 millones de euros para 3.600 camas.
En todo caso, desde el gobierno municipal apuntan que este reparo está en vías de resolverse porque el Gobierno canario y el promotor ultiman un acuerdo extrajudicial que, si finalmente es ratificado también por la sala que dictó la sentencia, haría posible el plácet de Política Territorial.
Hasta tanto no se cumplimente ese requisito, lo que está sobre la mesa ahora es un escrito remitido por el departamento de la consejería de Presidencia que da un mes de plazo al consistorio tirajanero para cumplir con lo solicitado: anular el acuerdo del pleno del pasado 6 de mayo de 2025 en el que se aprobó por unanimidad el visto bueno definitivo de la modificación que reordena parcialmente los 1,2 millones de metros cuadrados (1.203.996) de todo este sector y retrotraer el expediente para sacar, o cambiar de calificación, el solar sobre el que pesa una sentencia que está en vías de ejecución. Si no accede, le advierte con un contencioso.
La parcela en cuestión es la denominada APHB-3, de 56.136 metros cuadrados, que se vio afectada por la moratoria turística que el Gobierno de Canarias impulsó años atrás. El propietario, como el resto de los afectados por aquella normativa, recurrió a los tribunales, que en este caso, como en otros muchos, se saldó obligando al Gobierno a reclasificar la parcela como rústica y a indemnizar a Lopesan, o, más en concreto, a Maspalomas Resort SL, una entidad del grupo.
En el caso de esta parcela, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) data de diciembre de 2013 y fue ratificado por el Supremo. Y el Gobierno, de hecho, lo estaba ejecutando. En diciembre pasado dictó una resolución fruto de un acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental para avanzar en la tramitación de la modificación menor que iba a pasar el solar de turístico a rústico.
La notificación de Presidencia tuvo su base en una resolución previa de la Dirección General de Ordenación del Territorio, dependiente de la Consejería de Política Territorial, que ya había informado desfavorable el expediente en el trámite de consulta pública. Onán Cruz, director general de Ordenación, aclara que esta no era la única objeción al expediente, pero sí entiende que es la única insalvable, al menos en el contexto jurídico actual, con una sentencia firme. Otro reparo tiene que ver con que la alternativa de ordenación escogida no figura entre las que fueron contempladas y estudiadas en el trámite previo.
