El Gobierno baraja hasta siete opciones para el puerto de Santa Águeda

La concesión para un uso industrial de la que ahora disfruta Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) vence en octubre de este año. La empresa aspira a seguir utilizando el puerto otros 25 años más, pero la patronal turística reclama que se le dé el uso deportivo que viene recogido en el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria que está en vigor.

Pérez aclaró que el Gobierno canario tomó conocimiento este miércoles de las distintas perspectivas que hay sobre la mesa, pero no adoptó ninguna decisión. «Hablo de memoria, pero me parece que hay hasta siete diseños. Han considerado las alternativas que son físicamente posibles, porque hay cosas que no se pueden hacer, no se puede cerrar el puerto o la cementera de la noche a la mañana», avanzó el consejero. Hasta ahora solo se había hablado de tres escenarios: el uso industrial, el turístico o el mixto.

Pese a que los miembros del Ejecutivo ya tienen información sobre el informe de la comisión de estudio, explicó que por prudencia y por cortesía no se informará de ellas hasta que no las conozcan las partes interesadas. En ese sentido, anunció que el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, trasladará ahora esas conclusiones al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al Cabildo, a Ceisa y a los distintos sectores afectados.

El consejero insistió. «Lo que hemos conocido este miércoles son unas conclusiones técnicas de los tres departamentos implicados en este expediente, Obras Públicas, Industria y Política Territorial, que lo que hacen es decirnos cuáles son las posibles vías que el puerto tiene; son orientaciones para que las propias administraciones públicas puedan tomar decisiones», aclaró.

Llegado el caso, explicó, el deseo del Gobierno canario es «generar consenso alrededor de la decisión que al final se adopte». No ha de tardar mucho más porque la concesión de la que disfruta Ceisa expira el 22 de octubre.

En abril de 2021 las tres consejerías que tienen que ver con esta decisión se marcaron un plan de trabajo que fueron cumpliendo hasta marzo pasado. Para ese mes estaba previsto que concluyese el estudio que encargaron a la comisión que crearon y que ha estado escuchando a todas las partes y solicitando informes.

Este último plazo se ha ido retrasando hasta este miércoles, cuando el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de sus conclusiones. En todo caso, Franquis siempre ha advertido de que la propuesta de esta comisión no será vinculante. La última palabra la tendrá, por tanto, el Gobierno.