El juzgado archiva la causa por delito ecológico en La Mina

El Consejo Insular de Aguas atribuye la falta del agua que corría libre por el barranco a la disminución del caudal de la mina y de las galerías de las que se abastece. Otro informe técnico solo observa «estrés hídrico» en unos pocos sauces canarios. Turcón anuncia que interpondrá recurso

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO

El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto, fechado el pasado 30 de diciembre de 2019, por el que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que se abrió para investigar la posible comisión de un delito ecológico por un supuesto desvío de las aguas que corrían libres por el barranco de La Mina y contribuían al sostenimiento de la vegetación que crece en este cauce protegido por ley.

La entidad investigada era la Heredad de Aguas de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca, mientras que el colectivo Turcón, su presidente, Honorio Galindo Rocha, y el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) figuraban como denunciantes. A ellos se les sumó, en calidad de acción popular, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional. Por lo pronto, Turcón, que presentó esta denuncia hace nada menos que cinco años, en 2014, ya anuncia que interpondrá recurso, entiende que el delito «es flagrante» y recuerda que ya hubo sentencia a su favor por un caso similar en Guayadeque, por lo que no se da por vencido.

El magistrado Francisco Javier García García-Sotoca ha resuelto archivar el caso atendiendo a las conclusiones remitidas en los informes solicitados al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIA), a un perito, Domingo Fernández Martínez, y a la Agencia de Protección del Medio Natural. Además, el propio Ministerio Fiscal, en un escrito aportado al expediente el 18 de febrero de 2019, también solicitó el sobreseimiento de la causa.

Daño no sustancial

En esencia, el CIA y el perito coinciden en atribuir la disminución de la cantidad de agua que bajaba por el barranco, entre otras razones, al descenso del caudal de la mina y de las galerías de las que se abastece. Y, por su parte, el informe técnico de la Agencia de Protección del Medio Natural no ve que el daño causado a la vegetación sea tan sustancial como para requerir el tipo penal que se le atribuye. Todo lo más reconoce «estrés hídrico» en «algunos pocos ejemplares» de sauces canarios (de nombre científico Salix canariensis).

Los denunciantes que instaron la apertura de este procedimiento penal contra la heredad de aguas alertaban de un supuesto delito ecológico contra la flora y la fauna de este barranco, que forma parte del espacio natural Paisaje Protegido de Las Cumbres. También advertían de que esta entidad había contravenido el condicionante que se le puso cuando se le dio licencia urbanística para la colocación de una tubería de trasvase de aguas entre la presa de La Siberia y Los Molinos. El pero era que solo podía trasvasar excedentes de agua. Además, la acusaban asimismo de «un eventual desvío de aguas públicas de su curso» habitual.

Ante estas denuncias, el magistrado apunta en su auto que era vital el posicionamiento del CIA. No en vano, el 11 de julio de 2018 sobreseyó provisionalmente la causa para evitar que corrieran los plazos de la instrucción hasta que se recibiera el informe que se le pidió a este consejo, órgano que depende del Cabildo de Gran Canaria.

El CIA lo aportó el 17 de octubre de 2018, momento a partir del cual el magistrado acordó la reapertura de las diligencias, y lo que vino a decir fue que el caudal de La Mina y de las galerías de las que se abastece «ha disminuido a lo largo del tiempo, mientras que los consumos se mantienen o aumentan en el tiempo». Esa razón propicia, según este informe, que «el caudal privado» de la heredad «que discurre por el cauce público como canalización para ser aprovechado en otros puntos pueda variar según la estación del año».

Esta posición, entiende el magistrado en su auto de archivo, es coherente con la del testigo-perito Domingo Fernández Martínez, quien disintió de los informes del Seprona y sostuvo que la disminución del caudal se debe a la confluencia de «diversas causas», entre las que citó el descenso en las reservas del subsuelo por la escasez de lluvias en las últimas décadas y por su captación a través de pozos y galerías.