Dos causas abiertas por el fuego y otra más que da sus primeros pasos

Su nueva responsable, Clara Serrano Pardá, está al frente de este área en el Ministerio Público sucediendo a Carlos Fernández Seijo, que presentó recientemente su renuncia aunque seguirá llevando los procedimientos en curso que ya inició en su momento.

Por una parte, la investigación por el incendio forestal de Artenara está siendo llevada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas. En su momento, este órgano judicial dio por finalizada la instrucción aunque la defensa del único investigado, el vecino de Telde J.S.R., recurrió esta decisión.

En este procedimiento, la Guardia Civil dio de inmediato con el presunto autor de las llamas que se originaron el 10 de agosto, lo detuvo y fue puesto a disposición judicial. La magistrada Mariana Isabel Hernández García le impuso una fianza de 25.000 euros que pagó sobre la marcha, quedando en libertad con cargos por el delito de incendio forestal.

Según los investigadores, el detenido estaba cortando una puerta metálica con una radial en una finca situada en la zona de Las Peñas, en Artenara, y las chispas originaron las llamas que calcinaron 1.100 hectáreas y obligaron al desalojo de 1.000 vecinos de ese municipio, Gáldar y Tejeda.

En este caso, el Cabildo presentó un informe en el que detallaba los gastos originados por las llamas en las infraestructuras afectadas y el letrado del investigado, Miguel Ángel Pérez Diepa, pidió que concretaran las cifras ya que entendía que los técnicos habían mezclado importes correspondientes con el fuego de Artenara y también del de Valleseco que se originó el 17 de agosto.

El Cabildo presentó nuevamente un informe que incluía también una serie de contratos suscritos con varias empresas y el órgano judicial sigue pendiente de poder dar por finalizada la instrucción.

Siete días después del incendio de Artenara se inició el de Valleseco. Su punto de origen fue unas torretas de alta tensión situadas dentro de los terrenos de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas que, según la querella que interpuso la Fiscalía, no cumplían con la normativa y provocaron la destrucción de 8.637 hectáreas de terreno de incalculable valor ecológico.

Esta querella de agosto de 2020 inició un procedimiento judicial en el que los representantes legales de la referida aparecen como investigados y han negado ser los responsables del desastre natural.

La Fiscalía de Medio Ambiente detalló que el incendio del 17 de agosto tuvo un precedente el 16 de mayo en el mismo lugar y ya en ese primer instante se detectaron deficiencias en la línea eléctrica aérea de 20 Kv denominada línea de Casas Viejas, propiedad de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas. Expuso el fiscal que en 2013, 2014 y 2015, Endesa y la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias realizaron «diversos escritos de advertencia a la citada Heredad, poniendo en su conocimiento el alto riesgo de incendio forestal derivado del incumplimiento de las medidas de mantenimiento de la línea eléctrica aérea de Casas Viejas», sin que constara que habían adoptado «medidas».

En la inspección efectuada por agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria (BIIF) el 30 de octubre de ese fatídico año, contabilizaron 11 apoyos metálicos en la finca, constatando que en nueve «los conductores del tendido eléctrico aéreo de alta tensión entraban en contacto con la vegetación» o estaban «a menos de dos metros de distancia respecto a la misma», alertó el Ministerio Fiscal.

Esta causa también sigue en fase de instrucción.

Por último, en lo que respecta al último incendio de Tejeda que aún está activo, la Guardia Civil detuvo al presunto autor de las llamas, un técnico que trabajaba para una empresa contratada por el Cabildo, para desbrozar con maquinaria una zona de matojos situada en el Cortijo de Huertas.

Esta persona fue detenida y conducida a dependencias de la Benemérita. Tras prestar declaración, los agentes le dejaron en libertad a la espera de que los investigadores finalicen el atestado y pueda ser puesto a disposición judicial, que adoptará la medida oportuna.