«Desbloquearemos suelo para hacer más de 5.000 viviendas»
Entrevista ·
Vivir en San Bartolomé es casi un lujo para un bolsillo medio | El gobierno local dice tener la receta para hacerlo más asequible
El primer teniente de alcalde (CC) de San Bartolomé de Tirajana repasa sus acciones en esta entrevista monográfica sobre vivienda.
–Ha dicho varias veces que este va a ser el mandato de la vivienda. ¿Por qué esa apuesta?
–Porque llevamos más de 20 años sin que haya promoción pública de vivienda, ni promociones privadas de envergadura que atiendan las necesidades reales de vivienda. Y eso lo ha provocado la falta de política de vivienda, y ha dado lugar al encarecimiento de los precios y a que, a día de hoy, sea inalcanzable vivir en San Bartolomé para un bolsillo medio, para un trabajador, que sea de fuera del municipio. Y muchos nacidos aquí han tenido que ir a otros municipios, especialmente a Santa Lucía, a vivir. Es una apuesta social, pero también de sostenibilidad. Si de verdad queremos una isla más sostenible, hay que mejorar la movilidad, y para eso, es mejor que las personas que trabajan, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria vivan en el sur y no tengan todos los días que coger la pista.
–Para conseguirlo se han trazado un plan municipal de vivienda. ¿En qué consiste?
–En tres líneas claras. Por un lado, buscamos construir con fondos municipales o públicos, y por otro, desbloquear suelo. Estamos tramitando 17 modificaciones de planeamiento, de las que 13 tienen que ver con desbloquear suelo para hacer viviendas.
–¿Ha estimado para cuántas?
–Desbloquearemos suelo para hacer más de 5.000 viviendas. La mayoría serían promociones privadas. El 70% sería para renta libre, y el 30%, vivienda protegida.
–¿Y dónde está ese suelo?
–Pues, por ejemplo, en El Hornillo, que ya está desbloqueado y habilitará suelo para 300 parcelas unifamiliares. Otras dos grandes bolsas son en el Lomo de Maspalomas o en el Canódromo.
«Podemos abrir el abanico. Fuimos muy restrictivos. Quitaremos topes y los subiremos
–Entiende usted que así se bajarían los precios...
–Claro, es una de las vías para conseguirlo... Pero también somos conscientes de que no será algo inmediato. Entonces, mientras tanto, hemos puesto un millón de euros sobre la mesa para ayudas al alquiler, pero no a personas vulnerables, sino a currantes, a gente trabajadora, a familias o personas trabajadoras que tengan un salario mínimo y tengan una renta máxima, la unidad familiar, de 37.000 euros.
–¿Ya se entregaron las ayudas?
–Ya hubo una aprobación inicial, ahora estamos resolviendo las alegaciones y, en breve, yo creo que de aquí a antes de que llegue el verano, aprobaremos definitivamente 54 ayudas a familias y personas trabajadoras.
–¿Se cubrió el cupo del millón?
–No, y nos hemos dado cuenta de que podemos abrir el abanico. Fuimos muy restrictivos. Quitaremos algunos topes y los subiremos.
–¿Por ejemplo?
–Por ejemplo, dijimos que solamente podían acceder los que cobraran el salario mínimo, pero hay personas que están a media jornada. Cobran menos del salario mínimo, pero es que están a media jornada. Entonces, vamos a quitar el tope por abajo, pero sin quitar la condición de que estén trabajando. Y por arriba vamos a aumentar un poco más el tope. Hay familias que trabajan los dos y superan los 37.000 euros. Y otra: exigíamos estar empadronados donde estaban de alquiler, pero en la práctica hay un montón de gente, no sé por qué, que está a lo mejor de alquiler en una vivienda, pero está empadronada en la casa de los padres. Esa gente quedó fuera.
–Dijo tres líneas. ¿La tercera?
–Tenemos un parque de viviendas ya muy antiguo. No cumplen normativas, sobre todo de accesibilidad. Hay gente con problemas de movilidad que vive en un tercer, cuarto o quinto piso, y te dice cosas tan dolorosas como que se puede pegar semanas y semanas que no puede bajar a la calle, porque no tienen ascensor. A raíz de eso, empezamos a solicitar ayudas al Estado, que usa fondos europeos que luego gestiona la comunidad autónoma. Entre todas estas administraciones, junto al ayuntamiento, hemos tramitado casi 16 millones de euros, de los cuales estamos ejecutando ya obras, 10 millones. Y vamos a sacar a licitación dos urbanizaciones más.
«Hemos apalabrado con la familia condal que esos núcleos sean asentamientos rurales »
–¿Cuáles están en ejecución?
–106 viviendas en el Castillo Romeral, Grupo IFA y La Paz en San Fernando de Maspalomas, y Santa Águeda en El Pajar.
–¿Y qué dos van a licitar?
–Las Llaves y Montaña Clara, ambas en San Fernando. ¿Por qué hemos empezado por esas? Porque son las urbanizaciones más antiguas que tenemos.
–¿Se quedarán fuera otras?
–Sí. Vamos a empezar a trabajar en los proyectos y memorias para solicitar nuevas ayudas para el próximo mandato.
–Inicialmente anunció la reactivación de Gesvisur. ¿Al final han optado por un convenio con Visocan? ¿Cambio de estrategia?
–No. Gesvisur es la empresa pública que se está ocupando de la dirección facultativa de todas estas obras que estamos ejecutando. Y es la que se ocupa, a su vez, de hacernos todos los proyectos. Pero, además, Gesvisur nos está trabajando un proyecto para hacer una promoción directamente al Ayuntamiento.
–¿En dónde?
–En El Tablero, 40 viviendas. Empezaremos en este mandato.
–¿Serán de alquiler?
–Vivienda asequible, de compraventa. Y con Visocan hemos convenido la posible compra de 20 viviendas en el Castillo del Romeral para alquiler social. Y la adquisición de nuevo suelo, no solo en Castillo, sino en otros sitios. Y el inicio de la construcción de 3 promociones. Una en Castillo del Romeral, otra en el Lomo de Maspalomas, y otra en Santa Águeda.
–¿Cuántas viviendas?
–120
–¿Y quiénes podrían acceder a esas viviendas?
–Hasta que se entreguen, tramitaremos una ordenanza que regulará los criterios. Sin pretender ir en contra de la ley, ni la estatal ni la que hay en Canarias, no queremos que sean viviendas de alquiler social, sino para gente que vaya a comprar, que se las quede.
–¿Y entre esos criterios puede figurar el que sea gente nacida o residente en el municipio?
–Partiendo de que nunca iremos en contra de la ley, nuestra ordenanza va a fijar criterios. Y lo que va a puntuar alto es el periodo que lleven residiendo en San Bartolomé de Tirajana.
–Ese convenio con Visocan incluye la compra de 20 viviendas. ¿Cómo se va a hacer?
–Visocan tiene primero que tasarlas y no las compra, sino que nos hace el trámite de compra. Quien lo aprueba es el pleno municipal, porque pasan a disposición municipal esas viviendas.
–¿Y el Ayuntamiento puede comprar viviendas directamente?
–Hay un interés público en comprar eso. Ahí no puede haber concurrencia, porque nadie más tiene esas 20 viviendas.
–¿Es consciente de que esas viviendas ahora mismo están sin vigilancia privada?
–A ver, se puede frustrar la iniciativa. Primero vamos a ver si la tasación le interesa al vendedor. Y segundo, en el acuerdo tiene que especificarse que la puesta a punto de esas viviendas la haga directamente el vendedor para que cuando el ayuntamiento las adquiera pueda disponer de ellas.
«No la contemplamos; defendemos un modelo más liberal en la gestión de la vivienda»
–Ha anunciado un proyecto de reposición de viviendas en un solar de Juan Grande para los vecinos de El Matorral, pero deja fuera a los de El Matorral Bajo...
–Primero... Lo de los prefabricados en Matorral es porque con ellos hay un antecedente. La familia Condal tenía muchas cuarterías en sus fincas y le interesaba ir eliminándolas. El Gobierno de Canarias del mandato 1999-2003 llegó a un acuerdo con la familia condal. Les cedió suelo para concentrar a los residentes en cuarterías en casas modulares o prefabricadas hasta tanto el Gobierno sacara una promoción de vivienda. Eso era para dos años. Llevan 20 y pico. Hay un compromiso histórico con esas familias. Hay que cumplirlo.
–¿Entonces no hay solución para el resto? Porque en San Bartolomé hay bastantes núcleos así...
–Tenemos un informe de un trabajo social que no está completo al 100% y que nos dice que son algo más de 100 ese tipo de infraviviendas. Estoy negociando con la familia condal, y los Bonny, pero especialmente con la familia condal, en cuyos terrenos es donde se concentran esas familias. Le hablo de Agadir, Kilómetro 40, Montaña Arena, Lomo Galeón o Alborada. Muchas de esas familias te dicen que no se quieren ir de ahí. Por eso, hemos apalabrado con la familia Condal hacer modificaciones de planeamiento para que esos núcleos pasen a ser asentamientos rurales, consolidarlos legalmente y garantizarles unos servicios decentes. Son negociaciones previas. No se ha cerrado nada.
–¿Y hay disposición de la familia condal para eso?
–Sí. Hay que reconocer que son gente generosa. Lo cortés no quita lo valiente.
–Y para casos de emergencia social por desahucio, ¿hay alternativas? Creo que cuentan con un hostal que siempre está lleno...
–Sí, dos viviendas en Tunte. De hecho, a las dos familias de El Matorral Bajo a las que se les cayó la cuartería se las hemos ofrecido. Es una solución temporal, de seis meses.
–¿Las aceptaron?
–Sí, ahora estamos en el trámite de formalizarlo.
–¿Cómo puede explicar que un municipio tan rico como San Bartolomé de Tirajana, la meca del turismo, tenga tantos núcleos de infraviviendas?
–Porque tenemos un pasado histórico de aparcería. Todas esas personas vienen de la aparcería. Lo que nos ha permitido mejorar y dar un salto sustancial y de bienestar social ha sido el turismo. Porque si no seríamos personas trabajando para alguien, porque nuestro amo antes era el conde. De los tomates y de ese tipo de plantaciones pasamos a un modelo que nos dio más libertad económica, crear una clase media inexistente hasta ese entonces y fundar un núcleo en la zona sur de la isla que no existía. No hablo de Tunte, que sí es más antiguo.
«Muchos son extranjeros; lo digo claro, habrá que hablar también de repatriar a personas»
–Otro problema. Son muy altos los alquileres en el municipio. Hay personas viviendo en autocaravanas. ¿Se han planteado declarar San Bartolomé de Tirajana zona tensionada?
–No lo contemplamos. ¿Por qué no? Porque creemos que lo peor que puede hacer la Administración es intervenir en el mercado. Defendemos un modelo más liberal en la gestión de la vivienda. Primero, hay viviendas vacías que no se alquilan. Si encima establecemos un marco regulador para limitar los precios del alquiler, disminuirá más la oferta.
–¿La gente no quiere alquilar? ¿Por qué?
–Una, porque no se dan las condiciones. Y dos, porque hay poca vivienda, nuestro gran problema. No es que haya viviendas vacías, es que no hay viviendas. Hay una gran demanda, montón de gente quiere vivir en el sur de la isla, pero hay tan poca oferta que lo que hace es subir los precios. Por eso, mi empeño y el de este gobierno es hacer lo posible para poner los cimientos en este mandato para invertir esa tendencia: adaptar nuestro plan general vía modificación de planeamiento y habilitar más suelo para viviendas. Y, mientras tanto, invertir mucho dinero. Estamos casi hablando de 50 millones de euros. Eso no se ha hecho nunca en la historia de este municipio. Nunca. Y le invito a que mire otro municipio que lo haya hecho.
–¿Cree que el alquiler vacacional disminuye la oferta residencial?
–No. Según el Patronato de Turismo de Gran Canaria, que es donde está el registro, más del 90% del alquiler vacacional está en zona potencialmente turística. No es en San Fernando ni en El Tablero o en Castillo del Romeral.
–¿En sus planes están también las personas sintecho? Cada vez son más en San Bartolomé.
–Se lo digo claramente, no queremos que San Bartolomé se convierta en centro del sinhogarismo de Canarias. Nuestro municipio no puede permitirse eso. ¿Cómo lo vamos a resolver? Primero, empezando la casa por los cimientos. Hemos encargado un censo. Y estamos a punto de suscribir un convenio con la Obra Social, 100.000 euros, para que nos ayude. Cuando tengamos un censo, vamos a saber quiénes están empadronados y cuáles son extranjeros, si tienen adicciones o problemas de salud mental. A partir de ahí podremos darles una respuesta multidisciplinar. Muchos son extranjeros, respecto a los que vamos a pedir que nos ayuden los consulados. Y lo digo claro, habrá que hablar también de repatriar a personas.
