El denunciante de las productividades en San Bartolomé de Tirajana se persona en el Tribunal de Cuentas
Juan Manuel Pérez ejercerá la acción pública de responsabilidad contable por las presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos por el pago de complementos salariales a los trabajadores
El denunciante de presuntas irregularidades en el pago de productividades y gratificaciones extraordinarias en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el empresario Juan Manuel Pérez, se ha personado en el expediente abierto en el Tribunal de Cuentas, donde ejercerá la acción pública de responsabilidad contable.
Las posibles anomalías que denuncia Pérez se corresponden con el abono de esos complementos salariales a parte de los trabajadores durante los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, así como los antecedentes de los ejercicios 2011 y 2016.
Los hechos, omisiones y resoluciones respecto a los que este empresario insta a que se determine la responsabilidad contable tienen que ver, en el caso de las productividades, con la falta de programas de objetivos y sistemas de evaluación objetiva que permitan justificar su abono; la ausencia de motivación específica en los decretos de pago; la presunta percepción de productividad por múltiples jefaturas, pese a que vulnera la normativa; y el abono de cuantías elevadas y reiteradas.
Juan Manuel Pérez cita el caso concreto de una resolución administrativa del 16 de abril de 2025 por la que se aprobó el gasto de 806.395 euros brutos en concepto de productividad para el primer trimestre de 2025 y que, según su denuncia, carece de motivación suficiente y verificable.
Respecto a los pagos en concepto de horas extras sin motivación suficiente ni trazabilidad funcional, Pérez insta a que se investigue el abono acumulativo y opaco, como el del decreto de 10 de abril de 2025 que habilitó el abono de un importe bruto de 72.783 euros.
Además, también denuncia la obstaculización del derecho de acceso a la información por la negativa reiterada a proporcionar información de estos expedientes pese a sus sucesivas solicitudes desde el 7 de enero de 2025; y la simulación de control interno mediante un control financiero iniciado por la Intervención General en octubre de 2024, pero respecto al que aún no se ha aportado prueba documental alguna.
En este sentido, a juicio de Pérez, la convocatoria a los empleados públicos el 12 de marzo de 2025 para informar sobre el expediente de reintegro de cantidades indebidamente percibidas «se interpreta como una maniobra para desviar la atención de las denuncias sobre el reparto irregular de fondos«.
De acreditarse estos hechos, los principios legales que podrían haberse vulnerado serían el de legalidad presupuestaria y buena gestión financiera, la normativa específica de productividad y retribuciones y la de procedimiento administrativo y transparencia y la responsabilidad contable.
