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Propietarios del complejo turístico Jardín del Atlántico, en Playa del Inglés, denunciaron este miércoles la comisión de un arboricidio tras la tala de cuatro palmeras datileras ('Phoenix Dactilifera') y dos araucarias ('Araucaria araucaria') en las zonas comunes del establecimiento. Los promotores de estos trabajos aseguran que tenían permiso municipal por silencio administrativo positivo y que las especies no están protegidas, pero desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aclaran que la licencia de obras que se les concedió no amparaba serrar los árboles.
Juan Ramón Reyes, uno de los propietarios molestos con el proyecto, se queja de que las dos araucarias eliminadas tenían por lo menos 50 años y defiende que esta tala se inscribe en la inercia en la que ha entrado en los últimos años la promotora del complejo de «ir eliminando paulatinamente las zonas verdes y sustituirlas por hormigón». No le cabe en la cabeza «que se quite un árbol solo para ganar espacio para dos tumbonas más».
Reyes denuncia también que estas obras han sido impuestas por la explotadora, a la que acusa de años de atropellos a los pequeños propietarios, a quienes «busca cansar para quedarse con todo el complejo de apartamentos». De entrada, sostiene que estos trabajos no se inscriben entre los que están sujetos a ser financiados mediante derramas, que, por cierto, según protesta, ya rondan los 300 euros al mes.
Maiale Artetxe, representante de la comunidad de propietarios y de la explotadora, Ura Hotels and Resorts, enmarca esta protesta en el conflicto enquistado en este complejo entre la empresa y parte de los propietarios particulares de los apartamentos, asegura que la tala tenía permiso municipal por silencio administrativo positivo y califica estas especies de «invasoras».
Además, justifica la necesidad de eliminar esos árboles porque por normativa tienen que ubicar la sala de máquinas de las piscinas en la parte de la parcela donde estaban las cuatro palmeras y las dos araucarias. «Los sustituiremos por vegetación autóctona». Las obras, según explicó, mejorarán la accesibilidad de las zonas comunes y afectan a una de las cuatro piscinas del complejo, que perderá profundidad para ahorrar consumo de agua.
La versión de la explotadora choca de frente con la del Ayuntamiento, desde donde se subraya que la licencia de obras concedida al proyecto presentado por Jardín del Atlántico no amparaba el trasplante ni la tala de los ejemplares eliminados.
Es más, desmienten la tesis de la promotora de que contaban con permiso municipal por silencio administrativo positivo pues les consta al menos dos respuestas, en una de las cuales, apuntan, se les especificó que el permiso para la tala debió ser expedido por Sanidad Vegetal del Gobierno canario, no por el Ayuntamiento. Artetxe anuncia que les llevará a la Fiscalía por las dilaciones en el expediente.
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