Cuesta Caballero, en pie de guerra por la titularidad de sus viviendas de protección

Un grupo de vecinos de las más de 100 viviendas de protección oficial de Cuesta Caballero, en Ingenio, están en pie de guerra por el cambio de criterio del Gobierno de Canarias, que les impide ahora comprar las casas en las que llevan en algunos casos viviendo hace casi 40 años, por las que tenían esa opción.

Aseguran que en 2023 les dijeron que podían adquirirlas por un coste que rondaba los 10.000 euros, incluso les mandaron correos en los que les indicaban lo que estaba pendiente de pagar. Sin embargo, el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, les anunció semanas atrás que tras el cambio de normativa, la adquisición ya no será posible.

Para más inri, algunos de los bloques tienen importantes problemas estructurales, con inundaciones en los bajos que provocan cortocircuitos eléctricos, grietas y boquetes en las paredes, olores nauseabundos que salen desde los cuartos de contadores, hierros oxidados, además de plagas de cucarachas y de mosquitos, detallan los residentes, entre ellos, Francisco Suárez, que lleva en el edificio desde el principio. A ello se une el riesgo de desplome de las palmeras de las zonas verdes porque nadie se encarga del cuidado.

Los inmuebles no se arreglan desde que se entregaron, en los años ochenta, y de momento no hay ninguna previsión de que se rehabiliten, como sí sucedió con otros bloques contiguos que son de propiedad privada, para lo que se hizo un Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

Antonio Ortega explicó a este periódico que nunca ha sido una vivienda en propiedad, ya que son adjudicatarios en régimen de alquiler social, que es el más básico, por lo que pagan entre 5 y hasta alrededor de 60 euros al mes, y que en muchas ocasiones ni siquiera los abonan.

Reconoce que en su momento no se les informó a los vecinos adecuadamente y detalla que el decreto 12/1996, que reflejaba la posibilidad de compra, es a posteriori de que accedieran a las viviendas. Ese decreto ha sido derogado por el 1/2023, que prevé la posibilidad de sacar a la venta algunas de las casas. Sin embargo el estatal de 2024 estipula que no se puede «seguir esquilmando el parque público de viviendas» para que no pasen al mercado libre y se especule con ellas, y en el que caso de que los habitantes ya no cumplan los requisitos por las que las recibieron, que queden para otro inquilino.

En relación a los desperfectos, como ya no se ha podido optar a fondos para rehabilitarlas debido a que en la anterior legislatura no se solicitaron, el Gobierno de Canarias hará un contrato menor para impermeabilizar las azoteas y otras actuaciones necesarias, detalló Ortega.

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