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La jornada laboral de los bomberos del Consorcio Insular de Emergencias volverá a ser de 37,5 horas semanales en lugar de las 40 que trabajan desde 2012, y en vez de las 35 que reclaman, a partir de este próximo domingo 15 de agosto en virtud del decreto firmado por su presidente, Pedro Justo, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado ese punto del acuerdo de condiciones laborales de la entidad.
El decreto establece la nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales con efectos de fecha 1 de enero de 2014 y hasta tanto se culmine la negociación de un nuevo acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario del Consorcio. Y lo hace sin reconocer deuda económica alguna con los bomberos por las horas de más trabajadas durante 9 años al entender que los efectos anulatorios de la sentencia de 2021 únicamente se extienden a aquellos aspectos que establecieron una jornada de 40 horas a la semana.
Pedro Justo explica que los servicios jurídicos del Consorcio sostienen que de la sentencia no se desprende la existencia de deuda alguna y que para ello cada afectado deberá presentar una reclamación personal.
La lectura de la sentencia que hacen los juristas de la Junta de Personal es bien distinta. En virtud de ella el Consorcio debería unos 15 millones de euros a su plantilla por las horas laborales de más que les impuso desde 2012, en torno a 380 anuales hasta 2018 y sobre 500 horas al año desde entonces.
La millonada a pagar a los 200 bomberos del Consorcio, que sigue creciendo día a día, deriva de la imposición de una jornada laboral de 40 horas semanales, en lugar de las 37,5 que le correspondían a este colectivo hasta 2018 y de las 35 que deberían hacer desde entonces.
Los 15 millones en que los bomberos estiman el coste las indemnizaciones económicas que el Consorcio deberá abonarles por las 594.000 horas de trabajo de más realizadas, entre todo el personal, contadas desde 2012, supondrían un abono de 75.000 euros por trabajador.
A juicio de la Junta, el incremento ilegal de la jornada laboral en 2012 obedeció a la falta de personal que arrastra el Consorcio desde 2007, cuando se terminaron de abrir sus ocho parques de bomberos, y fue impuesta para cubrir las necesidades del servicio con el personal existente cuando mantener abiertos los ocho parques las 24 horas de los 365 días del año precisaría de un incremento de plantilla de entre 80 y 100 efectivos.
El Consorcio reduce los efectos anulatorios de la sentencia a la duración y tipología de la jornada laboral del personal funcionario y mantiene que su aplicación obliga a retrotraerse a la situación jurídica inmediatamente anterior, es decir, el acuerdo de condiciones de trabajo para el periodo 2011-2013, que fue asimismo anulado por sentencia judicial en 2015.
Por eso tiene que remontarse al decreto de 2012 por el que se adecuó la jornada del personal del Consorcio a la modificación general de la jornada ordinaria establecida en la ley de presupuestos del Estado de aquel año, decreto que fue declarado conforme a derecho en virtud de sentencias de 2013, 2014 y 2015. «En consecuencia» se impone la jornada semanal de trabajo de 37,5 horas.
La imposición de la jornada de 40 horas semanales al personal funcionario se puso en marcha en el mandato del Cabildo de 2011-2015 y se ha mantenido desde entonces.
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