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Ferrocarriles de Gran Canaria ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea en el que solicita que se anule la resolución de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente que el pasado mes de mayo excluyó el proyecto que había presentado a la convocatoria de 2023 del mecanismo Conectar Europa para financiar la primera fase de la línea ferroviaria de 58 kilómetros de longitud y once paradas prevista entre la capital y el sur de la isla.
La demanda de ente del Cabildo para la gestión, ejecución y explotación del tren proyectado entre Santa Catalina y Meloneras reclama que se declare admisible la solicitud de revisión de ese acuerdo, que excluyó la propuesta de Gran Canaria porque la Carta de Conformidad del Estado Español que era obligatoria se presentó fuera de plazo, y que se tenga en cuenta que ese requisito se presentó dentro del plazo de 30 días establecido para subsanar la documentación.
El objetivo de Ferrocarriles es que su proyecto sea elegible para la obtención de los fondos europeos repartidos en esa convocatoria, de la que esta entidad del Cabildo espera obtener 190 millones de euros de los 390 en que estima el coste de la primera fase de la línea.
Los otros 200 millones tendrían que ser cofinanciados por el Estado, la Comunidad Autónoma y el Cabildo. El Gobierno insular pretende que las arcas estatales aporten el 70% de esa cantidad, las regionales el 20% y las insulares el 10% restante.
En la primera fase de la línea ferroviaria se incluyen las cocheras y talleres en Vecindario, el parque eólico asociado de 30 megavatios (MW) de potencia en Montaña de Piletas, en el entorno de Corralillos, y el tramo del tren entre las estaciones de Aeropuerto y Vecindario en el que también se encuentran las paradas intermedias de Carrizal y Cruce de Arinaga.
Entre otros motivos, la demandante basa su recurso en la vulneración del principio de proporcionalidad y la garantía de un proceso justo y transparente «porque no se tomó en cuenta la existencia de fuerza mayor y el principio de protección de las regiones ultraperiféricas». También apela a la conducta de buena administración, el principio de expectativas legítimas y el derecho a ser escuchado, así como a la falta de motivación y al deber de motivación exigible y comunicación clara en las resoluciones emitidas.
El recurso de Ferrocarriles obedece a que el aval que el Ministerio de Transportes envió a la Unión Europea para incluir el tren de Gran Canaria en el corredor atlántico de la red transeuropea de transporte, requisito imprescindible para que la propuesta presentada por el Cabildo a la convocatoria de 2023 de fondos del Mecanismo Conectar Europa pudiera ser seleccionada, llegó fuera de plazo.
El consejero de Movilidad del Cabildo, Teodoro Sosa, explica que la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente consideró que el aval del Estado era «extemporáneo» y que su presentación posterior al cierre de la convocatoria «no era subsanable», una decisión con la que no está de acuerdo la corporación insular. De ahí el recurso.
No obstante, Sosa adelanta que Ferrocarriles volverá a presentar el proyecto de la primera fase del tren a la convocatoria de 2024 del mecanismo Conectar Europa en caso de que el recurso no prospere finalmente.
Los fondos europeos que el Cabildo pueda obtener para materializar el tren de cercanías de hasta 160 km/h entre la capital y el sur «se descontarían del convenio a tres bandas» para su financiación que Sosa espera suscribir entre el Estado, la Comunidad Autónoma y la corporación insular. El coste estimado de la línea es de 1.650 millones.
Sin contar la superficie afectada entre los kilómetros 49 y 56 de los 57,8 que tendrá la línea ferroviaria (el trazado modificado para hacer hueco al parque de ocio Siam Park en El Veril), el tren entre la capital y el sur obligará a la expropiación de más de 2,12 millones de metros cuadrados en seis municipios. Cuatro quintas partes son suelo rural (1.678.276 metros) y una quinta es suelo urbanizado (446.730).
La superficie afectada se eleva a casi tres millones de metros si se suman los suelos sujetos a imposición de servidumbres y las ocupaciones temporales necesarias para la construcción. La superficie afectada por las servidumbres entre Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana es de 289.721 metros mientras que por ocupación temporal asciende a 528.539 metros.
El municipio más afectado es San Bartolomé de Tirajana, donde se expropiarían 613.156 metros cuadrados, se ocuparían temporalmente 125.775 y se impondrían servidumbres sobre 37.788. Son 776.719 metros en total.
Telde, con 624.976 metros, es el segundo municipio en el que la línea genera más afecciones en superficie, sumando expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales. El tercero es Santa Lucía de Tirajana (583.058), Agüimes es el cuarto de los seis por los que discurre el ferrocarril (455.571), la capital es el quinto (327.961) e Ingenio es el menos afectado (178.281 metros cuadrados).
Más de la mitad del trazado del ferrocarril discurre bajo tierra, lo que reduce las afecciones en superficie. Para ellas el Cabildo ha reservado 16,6 millones y prevé iniciar el trámite para disponer de ese dinero este viernes.
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