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Imagen de archivo de Miguel Ángel Ramírez en su vivienda de La Milagrosa. C7
El Cabildo pedirá al Consultivo un dictamen antes de resolver sobre la reclamación de 5,8 millones de Ramírez

El Cabildo pedirá al Consultivo un dictamen antes de resolver sobre la reclamación de 5,8 millones de Ramírez

Política Territorial afirma que no existe relación de causalidad entre el daño causado y su denegación de la licencia de obras en la casa de La Milagrosa

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 14 de abril 2021, 01:00

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La reclamación patrimonial presentada por el empresario Miguel Ángel Ramírez contra el Cabildo pidiendo una indemnización de 5,79 millones de euros por los daños y perjuicios en su contra derivados, a su juicio, de las resoluciones que en 2008 y 2014 le denegaron la Calificación Territorial (licencia de obra en suelo rústico) para obras en su finca de La Milagrosa no se resolverá antes de que el Consejo Consultivo de Canarias emita un informe al respecto.

Así lo adelantó ayer el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que se mostró sorprendido por que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas pida el pago de 5 millones por los daños morales causados a su persona, derecho al honor y a la propia imagen, por unas resoluciones que la Justicia anuló después de que fuera condenado en mayo de 2010 a 3 años de prisión, entre otras penas, y en julio de 2011 a demoler las obras que el Cabildo consideraba entonces ilegalizables y que hoy en día están legalizadas por ejecución de sentencia judicial.

Morales no quiso hacer valoraciones sobre la reclamación patrimonial de Ramírez, que también exige el pago de 750.000 euros por el coste de las obras de demolición y reconstrucción que realizó en su finca y el abono de la multa de 43.200 euros a que le obligó la Justicia.

El presidente del Cabildo se limitó a indicar que «se están elaborando los informes sectoriales oportunos» para resolver el expediente, probablemente por parte del Consejo de Gobierno Insular después de recibir el dictamen del Consultivo, que no se ha solicitado aún.

También comentó que en caso de que el Cabildo rechace la petición presentada en agosto por vía administrativa, la reclamación «irá más allá», en alusión a una presumible demanda en los juzgados por parte de Miguel Ángel Ramírez.

Por otro lado, fuentes de la Consejería de Política Territorial del Cabildo, que tramitó las calificaciones denegadas y luego anuladas por la Justicia, han rechazado tajantemente que exista, como mantiene el reclamante, una clara relación de causalidad entre el acto denegatorio anulado y los daños y perjuicios causados al empresario. «No hay ninguna relación» entre la denegación de las licencias y su condena en 2010 por un delito contra la ordenación del territorio, sostienen en contra del presunto derecho a ser indemnizado que el empresario basa en «la lesión causada por el anormal funcionamiento del servicio público de calificaciones territoriales».

También subrayan estas fuentes que la reclamación patrimonial de Miguel Ángel Ramírez «obvia los actos contrarios a derecho que el interesado cometió», en particular el hecho de haberse saltado varios precintos de las obras por parte de la Agencia de Protección del Medio y del Seprona y continuar adelante con unos trabajos para los que se le había denegado la obligatoria licencia habilitante.

En concreto, el promotor de las obras ignoró las denuncias presentadas el 23 de marzo y los días 10 y 15 de junio de 2004 por el Seprona, el 22 de abril y el 8 de junio del mismo año por agentes de Medio Ambiente del Cabildo y el 17 de mayo y el 2 y el 29 de junio por la Agencia de Protección del Medio.

El personal de Calificaciones Territoriales «hizo su trabajo de buena fe» y siguiendo las normas administrativas legales para ello. «Cualquier persona que vea denegada esa licencia tiene derecho a recurrirla y si finalmente la obtiene en los tribunales el Cabildo la acatará», como ha ocurrido en este caso, «pero eso no da lugar a ser indemnizado, y menos por el derecho al honor», recalcan las fuentes.

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