El Cabildo archiva su anulación de la compra de Amurga, otra vez posible

El Consejo de Gobierno Insular decidió ayer archivar el expediente que abrió en noviembre pasado para revisar de oficio el acuerdo de compra de 4,66 millones de metros cuadrados en Amurga, que fue aprobado en diciembre 2018 pero que nunca llegó a materializarse y que ahora vuelve a ser posible aunque sigue sin contar con los apoyos políticos necesarios.

El Gobierno insular hace suyo el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que anuló la revisión de oficio y concluyó que la anulación del acuerdo de compra, aprobada el 10 de febrero de 2021 alegando que es un acto de contenido imposible porque en el acuerdo no se incluyó el deslinde hidráulico de las tres fincas rústicas, «no es conforme a derecho».

El dictamen, solicitado por el Cabildo, sostiene que el 99% del suelo que iba a adquirir a 22 propietarios, entre ellos la mujer y sus cinco hermanos del presidente de NC y vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, dueños del 50% de la superficie, «no queda afectado» y la ejecución «es susceptible de llevarse a efecto». El porcentaje afectado por la falta de deslinde «no tiene trascendencia» ni cuestiona la actuación y su exclusión «puede realizarse en la ejecución de la compra, sin tener que volver al inicio del procedimiento y que reconstruir por entero toda su tramitación».

El archivo de la revisión de oficio, que se produce días antes de caducar, descongela el expediente de compra de Amurga sin que exista acuerdo entre los socios principales del Gobierno insular, NC y PSOE para materializar la adquisición. El PSOE se opone a llevarla a cabo desde que conoció, después de aprobada la compra, la identidad de los propietarios del suelo.

Tras el Consejo de Gobierno, al que no pudo acudir el líder del PSOE, Miguel Ángel Pérez, por motivos de salud, la socialista Isabel Mena confirmó que «la posición de mi partido sigue siendo la misma» y mantuvo que si NC quisiera seguir adelante con la compra de Amurga «el PSOE va a votar en contra».

El consejero de Presidencia, Teodoro Sosa (NC), explicó que el acuerdo del Consejo de Gobierno se ciñe a tomar conocimiento del dictamen del Consultivo y a archivar la revisión de oficio porque «no cabe otra» dado que es un informe preceptivo y vinculante. «Y nada más. No ha cambiado nada», comentó sobre el hecho de que el expediente vuelva a estar abierto.

Sosa destacó que el dictamen «confirma que el expediente administrativo no se había hecho mal y que no se debía anular» por la falta de deslinde de los cauces y sobre la posibilidad de ejecutar la compra se remitió a lo declarado por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, en el sentido de que «no se moverá nada hasta que haya una resolución judicial».

El también alcalde de Gáldar se refiere a la denuncia presentada por el consejero de la oposición Daniel Reyes (PP) impugnando el acuerdo de compra por hasta ocho motivos de presunta nulidad. Tras las diligencias incoadas, las declaraciones prestadas y los escritos de conclusiones presentados, la denuncia estaba vista para sentencia cuando el Cabildo presentó, fuera de plazo, el dictamen del Consultivo. Reyes, que se opone a su admisión, confía en que el auto sobre esa cuestión y la sentencia sobre el fondo de la denuncia se conozcan antes del verano.