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En pleno debate sobre el modelo turístico canario y su impacto en el tejido socioeconómico, el Cabildo de Gran Canaria plantea una treintena de actuaciones ante el reto demográfico y de la sostenibilidad que afronta el archipiélago «dentro de una propuesta general aplicable tanto a los espacios en despoblación como a los intensamente poblados, la dualidad en la que se mueve la realidad social y económica de Canarias», según señala el grupo de gobierno de la institución insular.
Los planteamientos del Cabildo se estructuran alrededor de cuatro ejes: la defensa del entorno natural, el patrimonio cultural y educativo, la cohesión del modelo territorial y, por último, la gobernanza y la cohesión social y económica. Además, considera que la Comunidad Autónoma «debe articular un presupuesto específico para garantizar su ejecución, con un modelo y una cuantía equivalentes a la del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan)».
Las recomendaciones del Cabildo que preside Antonio Morales incluyen la aprobación de «una ecotasa de carácter finalista que paguen los no residentes por su estancia en los alojamientos turísticos y cuya recaudación se invierta en la rehabilitación de las infraestructuras públicas y la preservación de los recursos naturales».
Igualmente, y también en el caso de las áreas de mayor población, sugiere una regulación que permita la limitación de la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en Canarias y el desarrollo de programas específicos que faciliten la transformación de las realidades urbanas intensamente pobladas en zonas coherentes con el modelo de ecoisla y ecobarrios».
El Cabildo aboga también por aprobar una moratoria urgente de autorizaciones para las viviendas vacacionales por decreto ley hasta la aprobación de una Ley de Vivienda Vacacional adaptada a la realidad isleña, diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas.
Por otro lado, y ante la importancia de fijar población al territorio en las zonas rurales y, en general, en aquellas que sufren problemas de despoblación, el Cabildo insta a adoptar medidas centradas en la seguridad y la soberanía hídrica, así como otras de apoyo social y económico que logren mantener estilos de vida que resultan esenciales para la conservación de valores naturales, culturales y económicos, estrechamente vinculados además a la sostenibilidad, la soberanía alimentaria o la conservación del paisaje tradicional.
Infraestructuras y vivienda
El Cabildo es partidario también de un plan de «actualización de las infraestructuras públicas básicas (sanitarias, educativas y dependencia), para adecuarlas a las necesidades reales de la población que residen en estos municipios».
En cuanto a la vivienda, aboga por la construcción o puesta a disposición de viviendas públicas en cada municipio en un plan cuatrianual con una ratio de 150 viviendas por cada 50.000 habitantes, cada año, para reducir la demanda de solicitantes urgentes que existe.
Asimismo, defiende poner en marcha medidas para facilitar el alquiler a jóvenes con menos de 35 años e ingresos inferiores a 20.000 euros, además de un plan para la puesta en alquiler residencial de una parte significativa de las más de 211.000 viviendas vacías.
El Cabildo también cree preciso aprobar medidas para facilitar el alquiler a personas o familias en paro de larga duración. Lo mismo para personas o familias con ingresos inferiores a 20.000 euros.
El paquete de acciones planteado por el Cabildo grancanariao incluye «acciones socioeducativas en los Institutos de Secundaria para aumentar la tasa de titulación y reducir el porcentaje de población juvenil que no obtiene el Graduado en Secundaria». El grupo de gobierno insular enteiende que «es coherente alcanzar la exigencia del 5% en inversión educativa que exige la legislación canaria».
«Canarias está viviendo un momento de reflexión pública e institucional alrededor del modelo económico y sus afecciones, como la sobrepoblación, la desigualdad, la ocupación del territorio o el impacto en el medio natural», dijo ayer el presidente del Cabildo, Antonio Morales.
«Ante la alarma social creada por la necesidad de dar respuesta a las situaciones creadas, las propuestas deben ser serias, solventes, consecuentes y dotadas de una profunda carga de realidad y financiación económica», agregó Morales. «Y por eso el Cabildo plantea medidas contundentes y que tienen que pasar sin ningún tipo de duda por acciones que garanticen la economía necesaria para afrontar estos retos, como puede ser la ecotasa», defendió.
«Es absolutamente imprescindible que adaptemos las infraestructuras sanitarias básicas, las sanitarias, educativas o de dependencia, al crecimiento de la población. Y resulta ineludible abrir espacios para el acceso a la vivienda y poner también remedio a las desigualdades», manifestó.
Igualmente, Morales recordó que Canarias es la región española con los sueldos más bajos, por lo que apostó por «elevar salarios y las prestaciones para una sociedad empobrecida». En este sentido, volvió a recalcar que «la financiación debe pasar por una ecotasa vinculada a medidas encaminadas a crear nuevas infraestructuras que no pongan en riesgo al territorio». «En definitiva», concluyó, «Canarias precisa de medidas sociales encaminadas a prevenir y quebrar las situaciones de desigualdad, para que los recursos que en estos momentos está dejando en nuestra tierra el turismo se distribuyan de una manera más justa y equitativa entre el conjunto de la población».
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