Brito vuelve a Podemos por sentencia
La expulsión de Podemos de Juan Manuel Brito decidida en enero por su Comisión de Garantía Democrática Estatal, cuando era vicepresidente segundo del Cabildo, ha sido anulada por una sentencia que condena al partido morado a readmitirlo como militante de pleno derecho. Además, le obliga a pagar las costas del proceso.
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de la capital grancanaria ha ratificado las medidas cautelares que ordenó el 28 de abril y ha declarado la nulidad del acuerdo de expulsión de Juan Manuel Brito de Podemos aprobado en enero, el origen de la crisis del Gobierno insular que se saldó con la renuncia al acta de consejero de Brito, la salida del partido morado del tripartito del Cabildo y la división en dos de ese grupo político. Dos de sus cuatro consejeros electos continúan en el Gobierno insular y los otros dos pasaron a la oposición.
La sentencia estima sustancialmente la demanda presentada por Brito y reitera que se han vulnerado sus derechos fundamentales de asociación y participación política. Emitida el pasado 31 de octubre, no es firme al caber recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de 20 días.
El auto mantiene que en la tramitación del expediente disciplinario «se han quebrantado diversas normas atinentes al órgano competente para instruir, así como diversas normas sobre el trámite de la instrucción».
Aunque la apertura del expediente por el Consejo de Coordinación de Podemos en Canarias el 22 de noviembre de 2016 es conforme a derecho, la decisión de darle traslado al expedientado para presentar alegaciones sí quebranta los estatutos del partido porque no recogen la posibilidad de que le dé trámite de audiencia. Además, en la fase de instrucción se produjeron varios «excesos», como que no hay una decisión de la Comisión de Garantía Democrática sobre la elección del instructor y secretario, ni decisión alguna sobre el trámite de prueba y audiencia.
El recurso de Brito contra el acuerdo de expulsión fue resuelto 15 días después por la Comisión de Garantía Democrática (votaron cinco personas a favor de desestimar sus alegaciones y dos se abstuvieron) con un acuerdo que «quebranta de manera mas clara» los estatutos de Podemos porque participan y votan algunos miembros que han intervenido en la instrucción y en la primera decisión, entre ellos Pablo Hernández, «que al parecer fue el instructor del expediente» de expulsión del partido.
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