Archivada la querella contra Marichal y Narváez por el desarrollo de El Hornillo

Entre los querellados, para quienes también queda sobreseído el caso, figuraban el exsecretario del ayuntamiento tirajanero, Marcelino López, el abogado municipal Antonio Vega, la Junta de Compensación y el promotor de la urbanización, Carlos Rial. Los querellantes fueron Ricardo Pascual y Montserrat Rodríguez y atribuían la comisión de supuestos delitos de falsedad en documento público, expropiación ilegal o prevaricación.

El magistrado Julio Luis Wood Rodríguez concluye que «no es posible derivar responsabilidades penales para ninguno de los investigados sobre el relato de la querella, la declaración del querellante y las resoluciones y expedientes judiciales y administrativos» incorporados a estas diligencias. Y advierte de que las posibles incorrecciones o incidencias, que califica de «usuales en procedimientos de expropiación», pueden tener y tuvieron su corrección en las vías civil y administrativa. El auto, no obstante, no es firme.

Entre otras cosas, Wood ve normal que las actas del pago del justiprecio a los querellantes, que no acudieron el día que se les citó para recibir el dinero (235.780 euros para cada uno), se confeccionara el día anterior. Tampoco entiende que haya delito en que los modelos 060 que se adjuntan al acta carezcan de valoración mecánica o sello y firma,

No aprecia delito en los errores sobre la superficie real de la finca y deja claro que Narváez no pudo haber paralizado el expediente, como le instaban los denunciantes, porque cuando presentaron las recusaciones en su contra, el procedimiento había concluido. Además, señala que los querellantes ya forman parte de la Junta de Compensación, que les reconoció sus derechos desde el 2020.

Mientras, la tramitación para el impulso de esta urbanización sigue su camino a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva en casación el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló el Plan Parcial al considerar que el Ayuntamiento obvió que incluía fincas litigiosas.