Archivada una querella contra el exjefe de Fomento de San Bartolomé de Tirajana por la licencia del Tensuites
El auto no ve justificada la prevaricación que el Ministerio Fiscal achacaba al funcionario municipal por cuanto la autoridad competente, el Gobierno canario, autorizó las obras conforme a la Ley de Costras
El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana archivó en octubre pasado la causa penal que se abrió a instancias del Ministerio Fiscal contra el exjefe de Fomento (Urbanismo) en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Antonio Santana, por un supuesto delito de prevaricación administrativa por la emisión del informe favorable que dio pie a la concesión de una licencia de obras al Tensuites, en primera línea de playa de Maspalomas.
El auto, que ya es firme porque no fue recurrido, trasciende ahora después de que otro juzgado, esta vez de lo contencioso, desestimara el recurso que interpusieron dos vecinos contra ese mismo permiso de obras que se dio al complejo.
En el caso de las diligencias penales, el Ministerio Fiscal se querelló contra Santana al entender que en su informe, emitido el 15 de diciembre de 2017, autorizó a «convertir la cubierta del edificio en mirador y colocar en él una barandilla de cristal y un ascensor de acceso», a sabiendas de que esas modificaciones implicarían un aumento en altura y volumen del edificio y, por ello, una vulneración de la Ley de Costas, que establece que en las servidumbres de protección (este inmueble está parcialmente afectado por esa servidumbre) solo podrán realizarse obras que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.
Noticia relacionada
Una sentencia declara ajustada a derecho la licencia al Tensuites
La propia querella solicitaba que se trajera al procedimiento la resolución que sobre esas obras dictó la Viceconsejería de Planificación Territorial y Aguas del Gobierno canario, que es la competente para determinar si el proyecto podía ser o no autorizado conforme a la Ley de Costas. Y aquella resolución, de 2021, lo que hizo fue precisamente autorizar las obras, lo que llevó al magistrado Julio Wood a resolver que esa autorización desmonta el argumento de la querella. Si la autoridad administrativa competente autorizó las obras, «mal se puede afirmar» que el investigado concedió licencia a sabiendas de que infringía la norma.
