Incendios, prevención y responsabilidad

La mayoría de los incendios forestales que se registran en Gran Canaria tienen un origen humano y están vinculados, en gran medida, a prácticas negligentes o imprudentes. Entre las causas más frecuentes se encuentran las quemas agrícolas mal planificadas o mal ejecutadas, sin las condiciones de seguridad adecuadas, así como el uso indebido de maquinaria que genera chispas en zonas de riesgo.

Este tipo de incidentes, lejos de ser puntuales, se insertan en un contexto en el que los incendios presentan una intensidad creciente y una mayor capacidad para propagarse rápidamente, hasta afectar incluso a zonas de interfaz urbano-forestal. Esto supone un riesgo directo no solo para la biodiversidad insular y la integridad de nuestros ecosistemas, sino también para infraestructuras, propiedades privadas y, en última instancia, incluso para la seguridad de las personas y los animales.

En este escenario, los grandes incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente. En los últimos 20 años se han registrado nueve en la isla, lo que implica una media aproximada de un gran incendio cada dos años. La cifra habla por sí sola: más de 32.000 hectáreas se han visto afectadas, lo que ha calcinado masas forestales, zonas agrícolas, áreas de alto valor natural y entornos próximos a núcleos de población. El impacto de estos incendios es multidimensional: condiciona la capacidad de regeneración natural del territorio, reduce la estabilidad de los suelos, compromete la productividad agraria, afecta al ciclo hidrológico y genera severas consecuencias socioeconómicas, incluyendo desplazamientos temporales de habitantes, pérdidas patrimoniales y un coste elevado para la recuperación y restauración ambiental.

El incremento del riesgo asociado al cambio climático -veranos más largos y secos, aumento de las temperaturas medias y de la calima, reducción de la humedad relativa y mayor frecuencia de episodios de viento intenso- agrava aún más la situación. En Gran Canaria, además, confluyen características que elevan la peligrosidad: una orografía abrupta, una elevada densidad demográfica y un patrón de asentamientos que en muchas zonas combina áreas forestales con viviendas dispersas o pequeños núcleos urbanos. Todo ello genera un escenario especialmente sensible en el que es imprescindible que la población adquiera competencias básicas: saber cómo convivir con el fuego, cómo identificar y reducir riesgos en su propio entorno, y cómo actuar con seguridad en caso de emergencia.

Ante esta realidad, la necesidad de prepararse y adoptar medidas preventivas es indiscutible. El Cabildo de Gran Canaria cuenta con un equipo de profesionales puntero en Europa, con un dispositivo de prevención y extinción de incendios que extiende su labor a lo largo de todo el año, frente a los tres meses de etapas anteriores. Este equipo se ha convertido en especialista y vanguardia en las quemas prescritas, en el pago por servicios medioambientales a los pastores y pastoras de la isla, en la dotación de medios a Protección Civil o en trabajos ligados a la silvicultura. Esto, sumado a su elevada capacidad técnica y los medios materiales de los que dispone, ha servido para reducir el impacto de incendios de gran potencial destructivo y para salvar por tanto muchas vidas.

Sin embargo, la responsabilidad de la prevención no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones públicas, ni siquiera únicamente sobre el Cabildo de Gran Canaria, que ostenta competencias clave en gestión del territorio y emergencias. La normativa vigente, así como el principio básico de corresponsabilidad civil, establece que la prevención de incendios forestales es una tarea compartida entre instituciones y ciudadanía. Es, en esencia, un trabajo colectivo. La única manera de proteger la isla, sus paisajes y sus valores naturales y culturales es mediante la implicación activa de toda la sociedad, no solo estableciendo medidas de precaución y respetando las normas y las alertas, sino también participando activamente en las soluciones.

La dimensión social es, por tanto, igualmente decisiva en la prevención de incendios y requiere transmitir una cultura del riesgo: un marco social en el que la población grancanaria asuma que vive en un territorio frágil y geográficamente limitado, donde cada decisión, gesto o hábito cotidiano puede aumentar o reducir la vulnerabilidad frente a un incendio forestal.

Por eso, la comunicación institucional orientada a la prevención se concibe en el Cabildo de Gran Canaria como un componente estratégico equiparable a los planes operativos, los protocolos de emergencia o los dispositivos de extinción. La experiencia demuestra que los mejores medios técnicos pierden eficacia cuando la población no adopta comportamientos seguros, desconoce cómo actuar ante una emergencia o percibe las recomendaciones como imposiciones alejadas de su contexto vital. La eficacia de la estrategia depende, entre otros factores, de que la ciudadanía sienta que forma parte de la misma, que interiorice que su papel es determinante y que entienda que cada actuación individual tiene un impacto real en la seguridad colectiva.

Cuando logramos eso, cuando el mensaje se convierte en convicción y hábito, la prevención deja de ser un mandato y se transforma en cultura. Cultura de la prevención. De nada vale la mejor estrategia sin que la población la sienta suya; que entienda que cada gesto puede marcar la diferencia entre la seguridad y la tragedia. Cuando se entiende el motivo, cuando se percibe que lo que decimos y hacemos protege algo valioso como sus casas, sus cultivos, su paisaje o incluso su vida, la respuesta cambia. De la desconfianza se pasa a la cooperación. Una cooperación necesaria.

Pero, además, la experiencia reciente en la península -donde los terribles incendios del pasado verano mostraron la importancia de mantener un territorio activo para evitar la acumulación de combustible- ha puesto de relieve el valor de los usos tradicionales del campo como herramienta de prevención, desde el pastoreo controlado, las actividades agrícolas o las prácticas agroforestales sostenibles.

En Gran Canaria, estos principios no son nuevos: desde hace años el Cabildo trabaja para combinar la gestión forestal y la prevención con los usos tradicionales que han moldeado el paisaje insular durante generaciones desde tiempo inmemorial, con el objetivo de contar con un campo vivo, diverso, productivo y resistente a los grandes incendios.

Integrar a la población rural, reconocer su rol y facilitar su participación activa en la prevención de incendios no es solo un deber social, sino también una necesidad estratégica. Se trata de mirar de igual a igual a la población rural y lanzar mensajes claros: nos necesitamos mutuamente. Tenemos que actuar como un reloj de precisión. Todos somos necesarios. Es hora de tender la mano al campo e integrarlo en la estrategia de prevención de incendios de manera destacada. Y en esas estamos, trabajando de manera transversal desde las áreas que tienen que ver con el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la seguridad hídrica, el Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera o el turismo activo y de la naturaleza, entre otras.