El Gobierno priorizará detección de parcelaciones ilegales en suelo rústico

El Gobierno regional advierte que las parcelaciones en suelo rústico son conductas sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves

EFE Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias priorizará de cara al próximo año la detección de las actuaciones de parcelación ilegal en suelo rústico, «que causan un grave perjuicio al territorio y al medio ambiente del archipiélago».

En una nota, el consejero de este Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, ha destacado que el objetivo será «limitar este problema al máximo» ya que, al actuar sobre estas prácticas irregulares, muy frecuentes en zonas y municipios de rápida expansión urbanística, «se evita la proliferación de edificaciones ilegales sobre suelo rústico».

El consejero regional ha recordado que la vía correcta para la reclasificación de los suelos establecida por ley es a través del planeamiento, y que no son asumibles este tipo de actuaciones destinadas a la conversión de suelos en urbanizables por la vía de los hechos, ya que suponen un «agravio comparativo y una injusticia con respecto a las personas que sí siguen todos los trámites y actúan siguiendo la legalidad».

«Cuando se adquiere una parcela de suelo rústico porque resulta más económico y se procede a su parcelación ilegal, se originan problemas de cara a la dotación futura de viales e infraestructuras sanitarias, escolares o deportivas, servicios que luego son prioritarios sin haber previsto espacios suficientes para su instalación», ha apuntado Valbuena.

Según el director ejecutivo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Ángel Rafael Fariña, las parcelaciones en suelo rústico son conductas ilegales sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves, según la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

«Este mismo texto legislativo señala que serán responsables de estas conductas no solo el vendedor y ejecutor de las parcelaciones ilegales, sino también todo aquel que lleve a cabo una actuación ilegal en dicha parcela, pudiendo ser sancionados por la comisión de una infracción administrativa y con la obligación del restablecimiento de la realidad alterada», ha insistido Fariña.

Asimismo, el director de la ACPMN ha añadido que «siguiendo la misma norma, en el supuesto de parcelaciones ilegales de suelo rústico, las operaciones de restauración consistirán en la reagrupación de las parcelas, la cual, según los casos, podrá venir acompañada de la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios, demolición de vallados y cualquier otra que resulte necesaria a tal fin«.